Imágenes difundidas por medios cruceños muestran a dos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Refinación S.A. encabezando movilizaciones de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz contra el Decreto Supremo 5503, que eliminó los subsidios a los combustibles y puso fin a un esquema considerado insostenible por el Ejecutivo.
La denuncia -hecha por trabajadores de la propia estatal- señala que estos dirigentes gozan de contratos indefinidos y salarios altos obtenidos en las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, con vínculos comprobables al Movimiento al Socialismo (MAS).
Según la primera denuncia, Óscar Gonzalo Vértiz Blanco, identificado como uno de los líderes visibles de la COD cruceña, figura en YPFB Refinación S.A. como Operador de Sala de Control con contrato indefinido y un haber básico mensual que supera los Bs 21.900.
Como Secretario de Organización de la COD, se encuentra declarado en comisión y, por tanto, con inamovilidad laboral, aseguran los denunciantes.
La segunda acusación apunta a Abel Moisés Vacaflores Laguna, también funcionario de YPFB Refinación S.A. desde 2015, con contrato indefinido y un salario básico superior a Bs 29.100 en calidad de mecánico automotriz.
Ambos habrían ocupado cargos en la estatal gracias a procesos de contratación abiertos durante los gobiernos del MAS, afirman desde YPFB.
Las movilizaciones contrarias al DS 5503 se inscriben en una ola de protestas que han tenido eco en varias regiones del país, con sectores radicales que reclaman la abrogación del decreto por considerar que la eliminación de los subsidios al diésel y a la gasolina atentaría contra la economía popular.
El Gobierno sostiene, en contraste, que la medida era indispensable para estabilizar la economía y frenar prácticas de corrupción y contrabando de combustibles, denunciando que los subsidios facilitaron desvíos ilícitos hacia países vecinos y generaron pérdidas millonarias al Estado.
Las autoridades aseguran que la aplicación del decreto ha reducido el consumo de diésel hasta en un 50 % y frena en seco el contrabando, lo que representa un ahorro significativo de recursos públicos.
Sectores del Gobierno han insistido en que la lucha contra la corrupción y las prácticas irregulares en el sector de hidrocarburos forma parte central del paquete de reformas del Ejecutivo, en un contexto de emergencia económica declarado a finales de 2025.