El acuerdo suscrito entre el Gobierno nacional, representantes del sistema financiero y algunos dirigentes de prestatarios para la aplicación del diferimiento de créditos no logró consenso en todo el país. En Tarija, la Asociación de Prestatarios de Buena Fe expresó su rechazo frontal al entendimiento alcanzado, al considerar que la medida favorece más a las entidades financieras que a los usuarios endeudados, vulnerando derechos adquiridos y desnaturalizando el espíritu de la Ley de Diferimiento de Créditos.
Desde la organización advirtieron que el acuerdo contradice las demandas históricas de los prestatarios y anunciaron que presentarán una acción constitucional, además de no descartar su adhesión a las movilizaciones nacionales que ya se registran en rechazo al Decreto Supremo 5503.
El acuerdo con la banca
El Gobierno nacional firmó el lunes un acuerdo de cuatro puntos con representantes del sistema financiero y sectores que dicen representar a los prestatarios, con el objetivo de viabilizar el diferimiento de créditos de vivienda de interés social y de créditos productivos orientados a la micro y pequeña empresa, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo 5503.
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En el encuentro participaron la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas de Microfinanzas (Asofin), la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FinRural), además de la Organización de Control Social de Prestatarios Afectados por el Sistema Financiero de Bolivia y el Movimiento Nacional de Defensa de los Prestatarios por un Alivio Financiero.
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Gustavo Blacutt Alcalá, calificó el acuerdo como el inicio de una nueva etapa de diálogo entre sectores sociales, el Gobierno y la empresa privada, y cuestionó la normativa heredada del anterior gobierno.
“Era una ley que en sus decisiones era inaplicable en muchísimos de sus artículos y no permitía un sano funcionamiento del sistema financiero. Eso se ha venido a corregir con el Decreto 5503”, sostuvo la autoridad.
El acuerdo establece, en resumen: Suspensión de medidas judiciales en créditos de vivienda social por un plazo de seis meses, en favor de familias que atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones; Diferimiento caso por caso, donde cada prestatario deberá gestionar individualmente su solicitud ante la entidad financiera; Tratamiento excepcional y voluntario para créditos no alcanzados por el DS 5503, mediante reprogramaciones u otros mecanismos definidos por la banca; y condiciones financieras durante el diferimiento, estableciendo que las cuotas diferidas no generarán intereses extraordinarios o adicionales.
Sin embargo, este último punto se ha convertido en uno de los más cuestionados por los prestatarios.
Prestatarios rechazan el acuerdo
La presidenta de la Asociación de Prestatarios de Buena Fe Tarija, Natividad Amador, aseguró que existe un rechazo generalizado al acuerdo en todo el país y que ninguna organización legítima de prestatarios lo respalda.
“Esto va en contra de todos los prestatarios, solo beneficiará a algunas personas. A nivel nacional hemos sostenido reuniones y en ninguna región se avala este acuerdo. Nos vamos a regir por la Ley 1670 de Diferimiento de Créditos y no vamos a bajar los brazos”, afirmó.
Amador señaló que ya se encuentran en coordinación con abogados y constitucionalistas para impulsar acciones legales, y adelantó que en los próximos días evaluarán sumarse a las protestas que se desarrollan en distintos puntos del país.
Uno de los cuestionamientos centrales apunta a la legitimidad de los firmantes del acuerdo. Desde la asociación tarijeña aseguraron que los supuestos representantes de los prestatarios no cuentan con aval orgánico y fueron desconocidos por las bases.
“Estas personas no representan a los prestatarios. Fueron rechazadas porque realizaban cobros irregulares para recién hacer representación. Nuestro objetivo como prestatarios es apoyarnos y defendernos de los abusos del sistema financiero, no negociar a espaldas de la gente”, denunció.
Según explicó, el acuerdo fue suscrito aceptando las condiciones impuestas por la banca, dejando de lado el reclamo de una aplicación universal, obligatoria y automática del diferimiento, tal como establece la Ley 1670.
Otro punto de conflicto es el tratamiento de los intereses. Aunque el acuerdo señala que no se aplicarán intereses “extraordinarios”, los prestatarios advierten que los intereses regulares continúan corriendo, lo que contradice el espíritu de la ley vigente.
Para los prestatarios de Tarija, el acuerdo no solo desconoce la Ley de Diferimiento, sino que transfiere toda la carga de la crisis económica a los usuarios, dejando en manos de la banca la decisión final sobre quién accede o no al beneficio.
“La idea era que la gente se beneficie y pueda evitar el tema de los remates, pero con este acuerdo, no se da ningún respiro a la gente, es más, distorsionan la idea, porque la Ley 1670 según Asoban y Asofin dicen que ahora hay otro decreto y esta norma se suspende, pero esto ya es demasiado, están desinformando a la gente”, cuestionó.
Amador cuestionó que hasta la fecha los bancos continúen amenazando a los prestatarios, pese a la vigencia de la Ley de Diferimientos, indicándoles que si no pagan entrarán en mora y que serán derivados a la central de riesgo.
La dirigente manifestó que han elevado una carta a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para que pueda pronunciarse sobre la vigencia de la Ley 1670, y han confirmado que esta norma está en plena aplicación, pero que están esperando una respuesta formal que debe salir hasta la semana entrante.