La reactivación de los bloqueos contra el Decreto Supremo 5503 vuelve a tensar el arranque de la gestión 2026 y coloca a la economía en la cornisa. Para el sector industrial, dar marcha atrás en la eliminación del subsidio a los combustibles sería un error de alto costo; lo razonable —insisten— es mantener el núcleo de la medida y abrir mesas técnicas para negociar y corregir los artículos observados.
Así lo sostuvo Gonzalo Morales, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), quien expresó “mucha preocupación” por el retorno de las medidas de presión impulsadas por la Central Obrera de Boliviana (COB). “Bolivia no puede iniciar un nuevo año con carreteras bloqueadas. Además de golpear la economía de las industrias y de las familias, se daña seriamente la imagen del país justo cuando necesitamos abrirnos al mundo y atraer inversiones”, afirmó.
Morales puso cifras al impacto: cuando el país queda paralizado, las pérdidas económicas oscilan entre 50 y 60 millones de dólares diarios; solo en La Paz, la industria pierde alrededor de 10 millones de dólares por día. “No todas las empresas sienten el golpe igual, pero el daño es transversal: se interrumpen envíos de materias primas, se incumplen exportaciones y el país queda mal parado ante sus compradores”, explicó.
No retroceder en el subsidio
El eje del conflicto es el levantamiento del subsidio a los combustibles, uno de los puntos centrales del Decreto 5503. Para el titular de la CNI, la decisión era inevitable. “Bolivia ya no podía sostener el subsidio. Nunca es un buen momento para una medida así, pero la realidad económica obliga. Mantenerlo era seguir pateando la lata”, señaló, al tiempo de respaldar la postura del Ejecutivo de no retroceder.
En esa línea, Morales recordó que el presidente Rodrigo Pérez asumió el costo político de una decisión “dura pero necesaria”, luego de “años de deterioro económico”. El mensaje industrial es claro: lo medular del decreto debe mantenerse; negociar sí, retroceder no.
Ajustes, sí; bloqueos, no
Sobre los cuestionamientos al llamado “fast track” y a artículos que algunos sectores consideran ambiguos o inconstitucionales, Morales abrió la puerta al diálogo. “El decreto tiene alrededor de 120 artículos y no está escrito en piedra. Si hay que modificar algunos, que se haga, pero con consensos y mesas técnicas, no con amenazas ni bloqueos”, dijo.
El dirigente pidió además que el Gobierno explique el contenido del decreto “en un idioma sencillo”, para despejar temores y evitar interpretaciones políticas. “Primero Bolivia, luego Bolivia y después Bolivia”, remarcó.
La protesta ya se siente en la logística. Las rutas troncales que conectan La Paz con Oruro, Cochabamba y Santa Cruz permanecen cerradas, impidiendo la salida y llegada de mercaderías. “Es un riesgo enviar camiones; no sabemos si pasarán. Estamos prácticamente paralizados”, describió.
El escenario abre la puerta al desabastecimiento. Alimentos, medicamentos y productos industriales fabricados en La Paz no logran llegar al eje central; a la inversa, carnes y productos del oriente tampoco ingresan con normalidad al occidente. Incluso el transporte interdepartamental desde la terminal paceña se vio interrumpido, vulnerando —subrayó— el derecho al libre tránsito.
Salario mínimo: cumplir, pero con alerta
El Decreto 5503 también establece un incremento del 20% al salario mínimo nacional, hasta 3.300 bolivianos. Morales advirtió que el ajuste es elevado y que las micro, pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas. “Hubiéramos querido una mesa tripartita para evaluar impactos, pero la empresa formal va a cumplir”, aseguró.
Mientras Gobierno y COB mantienen reuniones, la industria apuesta a que el diálogo prevalezca. El mensaje es directo, sin rodeos: ajustar lo necesario, explicar mejor el decreto y levantar los bloqueos. Porque, como ironizó Morales, el país no puede seguir inaugurando cada año con la misma postal: carreteras cerradas y la economía pagando la cuenta.