El sector de la construcción atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años. Empresarios que ejecutan obras públicas advierten que el desajuste entre los costos reales del mercado y las condiciones contractuales impuestas por el Estado está empujando a decenas de empresas a la quiebra, con un impacto directo en el empleo y la inversión. El problema central, coinciden, no es solo el alza de insumos o salarios, sino que el Estado contrata, pero no paga oportunamente.
Alberto Gutiérrez, director de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), explicó que los precios unitarios vigentes en los contratos públicos ya no reflejan la realidad del mercado. Puso como ejemplo el cemento, un insumo clave en casi todas las obras. “En los contratos sigue figurando a 50 bolivianos la bolsa, pero hoy no se encuentra por menos de 80 o 90. Esa diferencia alguien la está absorbiendo, y son las empresas”, afirmó.
El ajuste realizado por el Gobierno solo alcanzó a algunos materiales importados, como el acero, pero dejó fuera a insumos nacionales cuya incidencia en los costos es elevada. A ello se suma, según Gutiérrez, la especulación en el mercado y la falta de controles efectivos, una tarea que —remarcó— corresponde al Estado.
El problema se agrava cuando los contratos se ejecutan bajo precios obsoletos durante uno, dos o hasta tres años. Las empresas deben asumir incrementos en materiales, mano de obra y obligaciones tributarias, sin que exista una actualización equivalente de los precios unitarios. “El sector no está en contra del incremento del salario mínimo, entendemos la protección a los trabajadores, pero no se puede cargar todo el peso a un rubro que mueve alrededor de 5.000 millones de bolivianos al año”, advirtió.
Uno de los puntos más sensibles es el retraso en los pagos. Gutiérrez denunció que existen planillas impagas por tres, cuatro, cinco y hasta seis meses. Esa falta de liquidez obliga a las empresas a financiar la obra con recursos propios, comprometiendo su estabilidad financiera. La SIB propone que, una vez aprobada la planilla por fiscales y supervisores, el pago no demore más de diez días, para garantizar flujo de caja y continuidad en la ejecución. El sector espera que la reglamentación del DS 5503 corrija distorsiones y evite más cierres de empresas y pérdida de empleos.
La presión aumenta cuando, pese a estos retrasos, el Estado aplica sanciones. El incumplimiento de plazos deriva en la ejecución de boletas de garantía, respaldadas muchas veces con el patrimonio personal de los empresarios. “Se están quedando sin su herramienta de trabajo, sin su casa, sin su maquinaria”, alertó.
Todas estas demandas fueron planteadas al Gobierno en el marco de la reglamentación del Decreto Supremo 5503. El sector espera que el discurso de eliminar el “Estado tranca” se traduzca en ajustes concretos, ampliaciones de plazo y reglas realistas que eviten la paralización de obras y el colapso de un rubro estratégico para la economía nacional.
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