El inicio de año no fue alentador para las entidades autónomas del nivel subnacional. Apenas retomaron actividades, municipios y gobernaciones del país se encontraron con una resolución administrativa del Gobierno central que restringía el uso de sus recursos económicos a solo un 20% de su capacidad financiera, una medida que generó alarma y paralizó, por varios días, la ejecución de programas y proyectos. Si bien este lunes la disposición fue anulada, devolviendo margen de maniobra a las autoridades locales, el trasfondo del problema persiste, la reducción estructural de ingresos que golpea con fuerza a Tarija.
La eliminación de la restricción fue recibida como un alivio momentáneo, pero tanto en el Gobierno Municipal como en la Gobernación departamental reconocen que la situación económica sigue siendo compleja, marcada por la caída de recursos y una creciente presión sobre los presupuestos.
Eliminan la restricción, pero no la crisis
El alcalde de Tarija, Johnny Torres, destacó la decisión del Gobierno nacional de dejar sin efecto la resolución ministerial que congelaba las cuentas de municipios y gobernaciones. No obstante, reconoció que los días en los que estuvo vigente la medida afectaron directamente la planificación y ejecución de proyectos, además de generar incertidumbre en la administración pública.
Desde la Gobernación de Tarija, la postura fue similar, saludaron el retroceso del nivel central, señalando que ahora existe vía libre para ejecutar el presupuesto programado para la gestión 2026, aunque advirtieron que el verdadero problema no es coyuntural, sino estructural.
El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Efraín Rivera, explicó que la resolución gubernamental implicaba recortes significativos tanto en funcionamiento como en inversión pública. “Significaba muchos cortes en funcionamiento e inversión, pero ahora vamos a empezar a trabajar con los recursos que vayan llegando”, sostuvo.
Un presupuesto con poco margen real
Rivera detalló que el presupuesto global de la Gobernación de Tarija para este año asciende a aproximadamente 700 millones de bolivianos. Sin embargo, aclaró que gran parte de esos recursos se destinan a cubrir obligaciones impuestas por el nivel central, como el sistema de salud, prediarios y bonos sociales.
Mencionó que cuando se hacen todos esos descuentos, el margen real de disponibilidad se reduce a unos 240 millones de bolivianos, dejando en evidencia la limitada capacidad financiera con la que debe operar el gobierno departamental.
El gas, la subvención y el golpe a Tarija
Uno de los factores centrales que explican la merma de ingresos es la provisión de gas al mercado interno bajo un esquema de subvención. Rivera señaló que actualmente el abastecimiento interno del país se sostiene principalmente con la producción de los campos Sábalo y Margarita, ubicados en territorio tarijeño, lo que afecta directamente las regalías que recibe el departamento.
Rivera mencionó que la subvención al mercado interno se está haciendo con gas tarijeño, y eso es una “injusticia”, advirtiendo que este esfuerzo debería ser prorrateado entre todos los departamentos productores de hidrocarburos, como Santa Cruz, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija, y no recaer únicamente sobre uno.
Según la autoridad, si ese gas se exportara, tendría un valor de entre 7,5 y 8 dólares por millón de BTU, recursos que hoy se pierden al destinarse al mercado interno con precios subvencionados.
Menos ingresos, menos proyectos
La autoridad explicó que en promedio se proyectó que Tarija reciba alrededor de 21 millones de bolivianos mensuales por concepto de ingresos vinculados al gas, cifra que sirvió de base para las proyecciones presupuestarias de esta gestión. Sin embargo, al priorizarse el abastecimiento interno, actualmente solo llegan cerca de 17 millones de bolivianos mensuales.
“Esa diferencia afecta directamente la ejecución de programas y proyectos, e incluso el funcionamiento de la Gobernación, los gobiernos municipales y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS)”, advirtió Rivera.
En ese marco, consideró que la Brigada Parlamentaria de Tarija debería asumir un rol más activo, realizando un análisis técnico junto al Ministerio de Hidrocarburos para establecer cuántos recursos se están dejando de percibir por el uso de gas tarijeño en la subvención interna.
El análisis económico
El analista económico Fernando Romero coincidió en que Tarija, pese a la caída en la producción, continúa siendo el principal departamento productor de gas del país, aportando alrededor del 60% del total nacional.
Romero señaló que históricamente el departamento ha sido tratado de manera injusta en materia hidrocarburífera, ya que la normativa vigente no favorece a las regiones productoras. “El IDH que recibe Tarija es prácticamente similar al de departamentos que no producen ni una molécula de gas”, cuestionó.
A su criterio, el departamento ha sido sistemáticamente utilizado para abastecer tanto el mercado de exportación como el interno, sin recibir una compensación adecuada por las pérdidas económicas que implica destinar gas al consumo nacional bajo un esquema de subvención.
“El equilibrio de que estos recursos no salgan solo de Tarija está en manos del Gobierno nacional y de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, sostuvo Romero, al enfatizar que todos los departamentos productores deberían aportar de manera equitativa.
El analista advirtió que la disminución de ingresos por la destinación de gas al mercado interno tendrá un impacto directo en los presupuestos de la Gobernación, los municipios y la UAJMS, afectando el ingreso anual y limitando la capacidad de inversión pública.