El conflicto en torno a la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía ha ingresado en una etapa que va más allá de las movilizaciones, vigilias y pronunciamientos públicos, el futuro de una de las áreas protegidas más importantes del sur del país se encuentra hoy en manos del Juzgado Agroambiental de Entre Ríos. Allí se tramita una demanda de acción ambiental precautoria presentada por el Defensor del Pueblo. A esto se suma el pedido de las comunidades de auditar el Plan de Manejo y las licencias ambientales que permitieron el ingreso de las petroleras a la reserva.
Se trata de un proceso judicial que no solo definirá el curso de las actividades hidrocarburíferas en Tariquía, sino que pondrá a prueba la independencia de la justicia ambiental, la vigencia de los derechos colectivos y el alcance real del principio de precaución frente a posibles daños irreversibles al medio ambiente.
El pronunciamiento del Tribunal Agroambiental
El pasado martes, el Tribunal Agroambiental de Sucre rompió el silencio institucional y se pronunció públicamente sobre el conflicto que rodea a Tariquía. En conferencia de prensa, la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez Rodas, confirmó que ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos se encuentra en curso una demanda de acción ambiental precautoria, presentada por el Defensor del Pueblo, mediante la cual se solicitan medidas cautelares ambientales.
Chávez precisó que el proceso se encuentra en plena sustanciación conforme a ley y que, al tratarse de una causa en primera instancia, el Tribunal Agroambiental a nivel nacional no puede aún emitir un criterio de fondo.
“Nosotros somos muy respetuosos de las decisiones del juez, pero además respaldamos las decisiones que tome el juez, sin presión, sin injerencia de ninguna autoridad, él debe tomar la decisión en el marco de la Constitución Política del Estado, de las leyes, con mucha transparencia”, expuso.
La presidenta subrayó que los casos ambientales deben ser tratados con prioridad, al estar en juego un derecho humano fundamental: el derecho a un medio ambiente sano. En ese marco, recordó que uno de los pilares del Estado Constitucional de Derecho es la independencia judicial, principio que —según dijo— rige la actuación de la jurisdicción agroambiental.
Prevención, precaución y celeridad
Durante su intervención, Chávez explicó que el deber de reserva institucional frente a procesos en trámite no implica indiferencia, sino que constituye una garantía de autonomía, imparcialidad y tutela judicial efectiva. Reconoció que los daños ambientales pueden ser irreversibles, razón por la cual la jurisdicción agroambiental debe actuar bajo los principios de prevención y precaución.
Asimismo, exhortó a los jueces agroambientales del país a actuar con celeridad y eficacia, recordando que está vigente la Resolución Ambiental 03/2025 del Tribunal Agroambiental, que dispone la actuación de oficio en asuntos de naturaleza ambiental. En este tipo de procesos —remarcó— no deben primar los formalismos excesivos, sino una actuación orientada a la protección del interés colectivo y de las generaciones futuras.
Estas declaraciones colocan una presión adicional, aunque institucionalmente contenida, sobre el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, cuya resolución podría sentar un precedente en la defensa de áreas protegidas frente a proyectos extractivos.
Comunarios de Tariquía exigen auditorías
Mientras el proceso judicial avanza, las comunidades campesinas de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía han endurecido su postura. A través de un pronunciamiento difundido por el medio comunitario Tariquía Hoy, el Comité de Defensa del cantón Chiquiacá y la Subcentral Campesina de Tariquía rechazaron la “judicialización” de su lucha y exigieron auditorías urgentes al Plan de Manejo y a las licencias ambientales que, según denuncian, abrieron de manera ilegítima el paso a las petroleras.
El pronunciamiento surge en un contexto de creciente tensión, luego de que 17 defensores del territorio fueran denunciados penalmente por YPFB y Petrobras Bolivia, acusados de delitos como asociación delictuosa. Para las comunidades, este hecho constituye un intento de criminalizar la defensa del agua, la vida y el territorio.
Las comunidades recuerdan que su resistencia se remonta a hace una década, con la aprobación del Decreto Supremo 2366 en 2015, durante el gobierno del MAS, norma que habilitó la exploración y explotación hidrocarburífera en áreas protegidas. Desde entonces —afirman— han sufrido división comunitaria, agresiones psicológicas y físicas, además de procesos judiciales que califican como persecutorios.
“Hemos vivido la vulneración sistemática de nuestros derechos, mientras el Estado incumple la Constitución y acuerdos internacionales como el Acuerdo de Escazú”, señala el documento, que acusa al aparato estatal de proteger intereses extractivos antes que a las poblaciones que resguardan las fuentes de agua.
Puntos irrenunciables
El pronunciamiento de las comunidades estructura su posición en seis puntos considerados irrenunciables. Entre ellos, el rechazo total a la actividad petrolera dentro de la reserva, su zona de amortiguamiento y las áreas de recarga hídrica; la negativa a aceptar regalías a cambio del ingreso de las petroleras; y la reafirmación de la autonomía de su lucha, al margen de cualquier partido político.
También denuncian la instrumentalización política de su causa y condenan la persecución judicial como una estrategia para acallar la resistencia social. El eje central de su demanda actual es la exigencia de auditorías exhaustivas al Plan de Manejo 2015–2025 de Tariquía y a todas las licencias ambientales otorgadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con el objetivo de evidenciar posibles irregularidades en los permisos concedidos.
Parlamentarios se pronuncian
La situación sobre Tariquía, ha captado la mirada de los parlamentarios tarijeños, que han pedido desestimar la denuncia en contra de los 17 comunarios del Cantón de Chiquiacá solamente por defender la reserva.
El senador Rolando Vacaflor confirmó que la Brigada Parlamentaria se está adhiriendo a la denuncia presentada por el Defensor del Pueblo para que se pueda esclarecer toda esta causa que gira en torno a Tariquía.
Cabe mencionar, que este martes el vicepresidente Edmand Lara ha visitado a los comunarios que mantienen vigilia en el Cantón de Chiquiacá para escuchar sus demandas. En la oportunidad, la autoridad mencionó que ha existido una vulneración a la CPE y demandó la realización de un nuevo proceso de consulta previa.
Sin embargo, desde la capital la diputada Marina Cachambi, ha cuestionado la presencia de Lara, acusándole de hacer política con Tariquía.
Para la presente jornada, el Comité Cívico de Tarija tiene previsto realizar el Congreso de la Tarijeñidad, el cual se realizará a partir de las 19.00 horas en la casa cívica, en donde se prevé definir las líneas de acción en torno a la defensa de Tariquía.