El Gobierno de Rodrigo Paz decretó ayer emergencia energética y social en todo el país ante la escasez de combustibles y el riesgo de desabastecimiento. Como parte de las medidas excepcionales, se permite a personas y empresas privadas importar combustibles y se elimina el diésel de la lista de sustancias controladas, de manera temporal; sin embargo, expertos advierten que, pese a la apertura del mercado, solo la importación de diésel resulta viable y no así la de gasolina.
“Se declara la Emergencia Energética y Social en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, ante el proceso inflacionario que vive el país, y la escasez de dólares y combustibles”, se lee en el artículo 2 del decreto 5517, del 13 de enero.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, defendió la declaratoria de emergencia energética y las medidas adoptadas por el Ejecutivo, señalando que el objetivo central es evitar que la crisis energética se agrave.
“Lo que estamos haciendo es evitar esta crisis energética. En los últimos años se había descuidado absolutamente la generación de energía en el país; se enfocó en la extracción de rentas y encontramos un aparato energético devastado”, afirmó la autoridad y enfatizó que el país debe dar un “salto muy rápido hacia la conversión de energías sostenibles”.
Por su parte, el ministro de Planificación del Desarrollo, Fernando Romero, advirtió que la actual crisis energética es consecuencia de una matriz basada casi exclusivamente en el gas natural y de la falta de exploración sostenida durante varios años.
“Si seguimos a este ritmo de consumo no tendremos gas y tendremos apagones en nuestras ciudades; eso no lo vamos a permitir. Estamos tomando las medidas necesarias, como lo decía el presidente. Uno es poder reemplazar parte de la energía de gas con otras energías”, remarcó.
Asimismo, Romero anunció que se impulsarán proyectos de exploración acelerada. Manifestó que si bien los proyectos de explotación suelen tener una maduración de entre cinco y ocho años, el objetivo es identificar en el corto plazo, entre dos y tres años, nuevos yacimientos, aunque no necesariamente de gran escala, pero que permitan frenar la caída de las reservas y prolongar su disponibilidad.
El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, respaldó la declaratoria de emergencia energética y el nuevo decreto aprobado por el Ejecutivo, al considerar que la situación económica del país hace necesarias medidas urgentes.
“Todos conocemos la situación que vive el país; todos hemos hecho colas para cargar combustibles; a todos no nos alcanza el dinero por la inflación. Era necesario un decreto que pueda estabilizar la economía. Hoy hay un nuevo decreto, hay que apoyar las medidas para sacar al país adelante”, expresó Antelo.
Mercado abierto
Entre las disposiciones centrales, el decreto también autoriza a personas naturales y jurídicas privadas a importar, vender y comercializar productos derivados del petróleo a precio de importación y/o preterminal, bajo la condición de que cuenten con capacidad de almacenaje propia o alquilada. No obstante, expertos en hidrocarburos coinciden en que esta apertura tiene una viabilidad real limitada, concentrada casi exclusivamente en el diésel.
El investigador de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez Guzmán, recordó que la importación privada de combustibles no es una medida nueva. Subrayó que hasta 2024, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) mantenía el monopolio de la importación, pero que en noviembre de ese año el gobierno de Luis Arce autorizó por primera vez a empresas privadas a importar combustibles por un plazo de un año, medida que fue ampliada en enero de 2025 a tres años.
“Lo cierto es que, en ambos casos, no han dado resultado estas medidas hechas por el gobierno de Luis Arce, porque el precio (de los combustibles) seguía siendo subvencionado”, señaló y remarcó que el escenario cambió con el Decreto Supremo 5516, que eliminó la subvención al diésel y ajustó parcialmente el precio de la gasolina.
Sin embargo Velásquez explicó que el nuevo decreto que abre la importación privada (DS 5517) solo es viable para el diésel, debido a que su precio interno se aproxima al precio internacional, pero indicó que la situación es muy distinta en el caso de la gasolina.
“Lo que establece el decreto supremo 5517 podría ser viable en el caso del diésel, principalmente, porque el precio regional internacional en la región está en torno a los Bs 10,80 y el precio en Bolivia es de 9.80, se aproxima al precio internacional, y en esa medida seguramente puede ser atractivo para las empresas privadas poder importar”, indicó.
Aclaró que en el caso de la gasolina es improbable que el DS 5517 genere un resultado positivo debido a los precios. “El precio internacional de la gasolina en la región está bordeando los Bs 10,80, casi Bs 11, y en el mercado interno el precio ya ajustado está en Bs 6.96”, resaltó.
El exministro y experto en hidrocarburos Álvaro Ríos expresa una postura similar y refuerza que la importación privada de combustibles es viable solo en el caso del diésel, dadas las condiciones actuales del mercado.
“El subsidio, de alguna manera, se ha quitado casi totalmente en el diésel, y parcialmente en la gasolina. En este momento el sector privado puede importar diésel y puede competir con los precios que ha puesto YPFB. El sector privado pueda ayudar en el abastecimiento del país. En cuanto a la gasolina, el tema está más difícil porque no le han quitado totalmente el subsidio”, expresó.
En cuanto al almacenaje, Velásquez, advirtió que este requisito limita aún más la viabilidad de la importación privada en el caso de la gasolina. Señaló que son muy pocas las empresas que cuentan con capacidad de almacenamiento y que, además, se trata de capacidades reducidas, generalmente destinadas al consumo interno de sus propios procesos productivos y no a la comercialización en el mercado interno. En el caso del diésel, Ríos mencionó que algunas plantas de YPFB, como la de Senkata, podrían alquilar almacenes.
Ya no es sustancia controlada
Otro de los cambios relevantes del decreto es la salida temporal del diésel de la lista de sustancias controladas. Para los expertos, esta medida reduce trabas burocráticas.
“Antes había que presentar toda una cantidad enorme de requisitos ante las autoridades de Sustancias Controladas para poder importar ese diésel. Al sacarlo de la lista de sustancias controladas, toda esa tramitología y toda esa cantidad enorme de requisitos que había para sustancias controladas ya deja de ser necesario para el importador”, señaló Velásquez.
Por su parte, Ríos indicó: “Era una tranca que tenía el sector privado, porque los permisos eran una mafia. El MAS había creado mafias con los subsidios, con el contrabando, con el manejo negro de los combustibles, o sea, el manejo ilegal de los combustibles. Al eliminarse este permiso, la agilidad de importación va a ser mucho más rápida”.