Mientras en las principales ciudades del eje central del país se repiten las filas para acceder a una garrafa de Gas Licuado de Petróleo (GLP), el Gobierno reconoce que una parte del producto subvencionado está tomando un rumbo distinto al de los hogares bolivianos. El contrabando, que por años tuvo como principal objetivo el diésel y la gasolina, ahora ha puesto su mirada en las garrafas de gas, un negocio silencioso pero altamente rentable en las fronteras con Argentina.
Desde Yacuiba y Bermejo, las dos puertas que conectan Tarija con el norte argentino, dirigentes vecinales y gremiales confirman que el GLP boliviano cruza la frontera casi a diario. Aunque coinciden en que el fenómeno es menor al que se registra en zonas como Villazón o Desaguadero, también admiten que el control estatal es débil y que el incentivo económico resulta difícil de frenar.
Precios que empujan al contrabando
En ambas fronteras tarijeñas, el abastecimiento de GLP se mantiene, por ahora, dentro de la normalidad. Los camiones distribuidores venden el recambio de garrafa a 22,5 bolivianos, el precio subvencionado oficial. Sin embargo, en las tiendas de barrio el costo se incrementa y varía según la zona: 28, 30, 35 e incluso 40 bolivianos, una diferencia que responde tanto a la reventa como a la demanda inmediata de las familias.
Pero el verdadero negocio aparece al otro lado de la frontera. En Argentina, una garrafa boliviana puede revenderse entre 150 y 200 bolivianos, multiplicando hasta ocho veces su valor original.
Publicaciones en Marketplace de Facebook dan cuenta de esta distorsión: una garrafa comprada en Bolivia por el equivalente a 4.700 pesos argentinos puede alcanzar un precio cercano a los 42.000 pesos en territorio argentino, lo que se traduce en alrededor de 200 bolivianos.
La comparación regional refuerza el atractivo del ilícito. En Perú, según un informe de la red Bolivisión, una garrafa cuesta alrededor de 150 soles (450 bolivianos), mientras que la recarga oscila entre 50 soles (150 bolivianos). En mercados fronterizos, las garrafas bolivianas llegan a venderse hasta en 180 soles (540 bolivianos), aunque la mayor diferencia se da en el precio de la recarga, que varía entre 25 y 35 soles, es decir, entre 75 y 105 bolivianos.
Contrabando “normalizado” en Yacuiba
En Yacuiba, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Pedro Hidalgo, reconoce que el traslado de garrafas hacia Argentina es una práctica cotidiana. “Esto siempre se ha hecho, porque el gas aquí es más barato y al pasar la frontera multiplica su valor”, señala.
Para el dirigente vecinal, el fenómeno responde a la lógica propia de las zonas fronterizas. “A veces se beneficia un país y otras veces es al revés. Ahora sale gas, pero desde Argentina entran granos como la soya o el trigo”, explica.
También cuestiona la falta de controles por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y YPFB, mencionó que en reiteradas ocasiones se ha advertido mediante notas, pero no hay acción.
Hidalgo aclara que el abastecimiento en Yacuiba es regular, pero advierte que cuando no se logra comprar del camión repartidor, el precio en tiendas puede subir hasta 35 bolivianos, recordando que en la gestión pasada incluso llegó a 60 bolivianos en algunas zonas.
“Vender gas en tiendas es un mal necesario. Hay familias que solo tienen una garrafa y si se les acaba cocinando, no siempre hay un camión cerca. El problema es el abuso”, puntualiza.
Bermejo: garrafas que cruzan a plena luz del día
En Bermejo, el ejecutivo de la Federación de Gremiales, Rubén Borja, señala que la distribución de GLP no ha presentado mayores inconvenientes, aunque sí se registraron problemas recientes con el suministro de GNV, que provocaron largas filas de vehículos ante la imposibilidad de YPFB de garantizar el abastecimiento.
Sobre el GLP, Borja afirma: “Siempre hay contrabando”. Detalla que las garrafas cruzan la frontera en pequeñas cantidades, de dos o tres unidades, a plena luz del día y frente a las autoridades, sin que se registren decomisos, pero agrega, que el problema es cuando quieren pasar 15 o 20 garrafas, ahí recién hay observaciones.
Esta práctica, según los gremiales, se ha naturalizado en la frontera, donde el control se concentra más en los grandes cargamentos que en el goteo diario que, sumado, termina afectando el mercado interno.
El Gobierno admite el desvío
A nivel nacional, las filas por GLP continúan en varias ciudades del eje central, alimentando la molestia de los consumidores. El Gobierno reconoce que parte del producto subvencionado se está desviando al contrabando.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, explicó en entrevista con la red Unitel que el consumo diario de GLP subió de 1.400 a 1.700 toneladas, y reveló que alrededor del 20% se está desviando. “Eso es lo que tenemos que controlar”, afirmó.
La autoridad aseguró que la producción es suficiente y que el abastecimiento debería normalizarse en los próximos días, aunque reconoció que varios factores influyeron en la crisis, entre ellos la paralización del transporte por ductos y la especulación.
“Surge un tema de especulación, la gente mala ve una oportunidad de ganancias y todos los que contrabandeaban diésel, esos grupos mafiosos, ahora están volteando su mirada al GLP”, sostuvo Medinaceli, al remarcar que el Gobierno decidió no subir el precio del producto para proteger a los sectores de bajos ingresos.
Para frenar el ilícito, el Ejecutivo analiza reforzar los controles fronterizos e implementar dispositivos electrónicos de rastreo, en un intento por cerrar la válvula de un negocio que, mientras el gas siga siendo barato en Bolivia y caro al otro lado de la frontera, seguirá encontrando caminos para escapar.