La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Fundación Jubileo presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un documento de propuestas ciudadanas orientadas a fortalecer la participación política de las mujeres, elaborado a partir de un proceso nacional de diálogo con organizaciones de mujeres de seis departamentos del país.
Luego de las Elecciones Generales de 2025, la MOE desarrolló una gira nacional que incluyó talleres y reuniones con organizaciones de mujeres, con el objetivo de recoger diagnósticos, experiencias y propuestas sobre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer plenamente sus derechos políticos. Este trabajo permitió identificar brechas persistentes entre el marco normativo vigente y las prácticas reales de las organizaciones políticas, y la falta de un rol activo del Tribunal Supremo Electoral para lograr que se cumpla la norma y para trabajar en reformas y lineamientos que reglamenten claramente la paridad en cargos ejecutivos, en protocolos contra la violencia política con enfoque preventivo y en el fortalecimiento de liderazgos, entre otras cosas.
Los resultados de este proceso fueron sistematizados en un documento de análisis y propuestas, entregado al TSE y puesto a disposición de la ciudadanía, que busca contribuir al fortalecimiento de la paridad y a una participación política efectiva de las mujeres, especialmente en el actual proceso electoral subnacional.
La presentación de estas propuestas se da en un contexto preocupante. Pese a que la normativa electoral establece el principio de paridad del 50%, las mujeres representan, por ahora, apenas el 10% de las candidaturas en las listas habilitadas para las elecciones subnacionales, según un análisis realizado por la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con una revisión preliminar de la información oficial del TSE, las listas revelan que mientras la normativa electoral y constitucional exige la paridad y alternancia de género en todas las listas, la participación efectiva de mujeres sigue muy por debajo de lo que la norma señala -sobre todo para cargos ejecutivos-, a pesar de la existencia de un marco legal robusto para garantizar la igualdad de género.
Esto evidencia que, más allá de los avances normativos, persisten barreras estructurales dentro de las organizaciones políticas que limitan el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, debilitan la paridad sustantiva y afectan la calidad de la democracia.