El proyecto hidrocarburífero Domo Osso X-3 (DMO X-3), impulsado en el Bloque Exploratorio San Telmo Norte, quedó temporalmente paralizado tras una decisión del Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, que dispuso una pausa de 30 días a las actividades de perforación exploratoria en una zona vinculada a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. La determinación fue celebrada por comunidades y activistas ambientales, quienes ahora se preparan para demostrar ante la justicia que el proceso estuvo marcado por vulneraciones ambientales, técnicas y procedimentales.
El auto interlocutorio fue emitido por el juez Clever Marcelo Osorio Guerrero y se conoció públicamente este viernes a través de las redes sociales del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. La resolución admite la solicitud de medidas cautelares ambientales presentada por esta institución y ordena la suspensión inmediata de las actividades materiales del proyecto, con carácter preventivo, mientras se analiza el fondo del caso.
La medida comenzará a regir una vez que la empresa Petrobras sea formalmente notificada y tiene como objetivo garantizar una evaluación integral de los impactos ambientales, así como del cumplimiento del derecho a la consulta, la participación ciudadana y el debido proceso, antes de que el juzgado emita una resolución definitiva que podrá ratificar, modificar o levantar la suspensión.
Audiencias e inspección en territorio
Entre las principales determinaciones judiciales se establece la realización de una Audiencia de Inspección Técnica el 9 de febrero de 2026, que tendrá lugar en el propio sitio del proyecto, en el Cantón Chiquiacá, municipio de Entre Ríos. Esta diligencia permitirá constatar en el terreno las condiciones ambientales del área y los posibles impactos de la actividad hidrocarburífera.
Asimismo, se convocó a una Audiencia Pública para el 13 de febrero de 2026, a realizarse en la Casa de Justicia de Entre Ríos, bajo modalidad presencial y virtual. En esta instancia podrán participar las partes procesales, terceros interesados y también los denominados “amigos de la corte”, quienes tendrán la oportunidad de presentar argumentos y elementos técnicos que ayuden a esclarecer el caso.
La resolución también dispone la incorporación de Petrobras como parte demandada, junto a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al considerar su participación directa en la ejecución del proyecto. Además, ordena al Ministerio de Hidrocarburos y Energía y a YPFB remitir, en un plazo de 10 días hábiles, toda la documentación técnica y ambiental vinculada a Domo Osso X-3, incluidos estudios de impacto ambiental, licencias, análisis de riesgos y autorizaciones otorgadas.
En un intento por garantizar una participación amplia, el juzgado dispuso la notificación a comunidades de la zona, entre ellas Tariquía, Chiquiacá y Baisal Lagunillas, tarea en la que coadyuvará la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, se solicitó a esta institución identificar a defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, con el fin de evaluar la aplicación de medidas cautelares específicas para su protección.
“Defender la vida nunca será un delito”
Tras conocerse la resolución, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reafirmó el compromiso institucional con la protección preventiva de los derechos fundamentales, como la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y el debido proceso, en el marco del Estado Constitucional de Derecho, añadiendo que “defender la vida, nunca será un delito”.
Los demandados en este proceso son el ministro de Hidrocarburos y Energía, Sergio Mauricio Medinaceli Monroy; el ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, José Fernando Romero Pinto; el viceministro de Medio Ambiente, José Ernesto Ávila Antelo; y el presidente de YPFB, Yussef Akli Flores.
Protección
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Comunarios alistan pruebas y defensa técnica
En el Cantón de Chiquiacá, la noticia fue recibida con alivio y esperanza. La activista y defensora de Tariquía, Nelly Coca, confirmó que las comunidades celebran la decisión judicial y agradeció la intervención de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, advirtió que el fallo marca solo el inicio de una etapa decisiva.
“Ahora tenemos que seguir trabajando nosotros para presentar documentos que comprueben toda la ilegalidad de Petrobras y el mal actuar del Gobierno, porque todos los documentos que ellos tienen han sido manipulados”, sostuvo.
Coca adelantó que este sábado se espera la llegada de una comitiva integrada por representantes del Comité Cívico, profesionales, activistas y defensores ambientales, con el objetivo de mostrar en el terreno el lugar donde se pretende ingresar con el proyecto y exponer los posibles impactos ambientales.
La dirigente ratificó que la preocupación central no se limita al pozo Domo Osso X-3, sino al desarrollo integral del campo hidrocarburífero, que —según advirtió— podría afectar gravemente a toda la Reserva de Tariquía, en especial a los acuíferos que abastecen de agua a las comunidades y a sus actividades productivas.
Cívicos respaldan, pero se marginan del territorio
Desde el Comité Cívico de Tarija, su presidente Jesús Gira confirmó el respaldo institucional a la defensa de la Reserva de Tariquía. No obstante, señaló que, con el objetivo de no politizar ni contaminar el proceso judicial en curso, decidieron no realizar la visita al Cantón de Chiquiacá.
Gira explicó que el conflicto debe resolverse en el ámbito judicial y técnico, dejando que las instancias correspondientes definan la legalidad o no del proyecto, en un caso que vuelve a colocar a Tariquía en el centro del debate nacional sobre la explotación de recursos naturales, la consulta previa y la protección de áreas protegidas.