El abogado de once comunarios de Tariquía denunciados de haber incurrido en delitos al haberse opuesto al ingreso de la petrolera a la zona de Saicán, Roger Ibarra, denunció persecución judicial y amedrentamiento.
“Para mí, como abogado, es una persecución prácticamente, porque no se han considerado las pruebas que se presentaron”, afirmó al recordar que no se sabe quién autorizó a Petrobras y YPFB ingresar a la zona, cuando el lugar no tiene propietario.
El abogado recordó que pidió el sobreseiminiento de los once denunciados, sin embargo, no logró respuesta, el Ministerio Público continúa actuando de manera subjetiva hasta llegar a la acusación de doce personas, una es un concejal que tiene su abogado.
La Fiscalía en lugar del sobreseimiento, acusó a los denunciados y el caso pasó al juzgado que determinó juicio oral abreviado y contradictorio,, que deberá darse y que puede terminar en sentencia contra los denunciados o la declaratoria de su inocencia.
Las doce personas denunciadas, entre las cuales está un concejal de Entre Ríos, fueron denunciados de atentado contra la libertad de trabajo e impedir y estorbar la función pública.
Se supo que hay 85 pruebas que manejan los denunciantes.Si dictan sentencia, la parte acusada puede recurrir a la apelación restringida, en caso de que el proceso siga, puede llegarse al recurso de Casación que se resuelve en la instancia superior de justicia en la ciudad de Sucre.
Este tipo de delitos denunciados, de acuerdo al Código Penal tiene hasta dos años de cárcel como sanción, aunque no podrían ser encarcelados los denunciados, sufrirían grave perjuicio, quedarían con antecedentes penales, que restringe su ciudadanía.
El abogado Ibarra informó que las petroleras efectuaron una segunda denuncia a 17 comunarios, él es abogado de 12 de ellos, “este asunto está siendo manejado de manera política, por los documentos que confirman este extremo”.
Esta segunda denuncia del 30 de diciembre, inicialmente fue desestimada por la Fiscalía, no fue admitida, sin embargo, la desestimación fue dejada de lado porque al día siguiente el abogado de las petroleras, Fernando Vargas, la objetó.
MINUTOSA diez minutos de presentada la objeción de Vargas, la fiscal resolvió remitir al superior para que resuelva el pedido, 40 minutos después el caso llega al Fiscal departamental, quién después de 30 minutos revoca la desestimación y la denuncia sigue.
“Para mi es una persecución política, es un amedrentamiento de los defensores de Tariquía”, remarcó al indicar que, con este tipo de procesos, buscan que la gente deje de estar en vigilia y bloqueando para evitar el ingreso petrolero a la zona.