Bolivia se prepara para una reforma de su sector energético con la Ley de Hidrocarburos como pieza central de un paquete normativo que el Gobierno busca aprobar para reactivar la economía, modernizar reglas de juego y atraer inversión privada. El enfoque apunta a corregir distorsiones históricas en impuestos y contratos, mientras el país enfrenta declinación productiva, menor margen fiscal y una competencia regional cada vez más intensa.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías impulsa un conjunto de cuatro leyes —Hidrocarburos, Electricidad, Ley Verde y Litio— que redefinirán la política energética. En una primera fase, el Ejecutivo prioriza medidas de corto plazo para dinamizar la economía. Luego, avanzará con la aprobación legislativa del nuevo marco, cuyo alcance apunta a ordenar incentivos, habilitar inversión privada y diversificar la matriz energética.
Mauricio Medinaceli, ministro del área, señaló que la nueva Ley de Hidrocarburos introducirá una tipología contractual renovada y un sistema impositivo diferenciado, ajustado a las condiciones específicas de cada campo y región productora. El objetivo es abandonar el esquema uniforme vigente, que aplica la misma carga tributaria a realidades geológicas y productivas distintas. “Necesitamos un sistema impositivo a medida”, afirmó, aludiendo a la necesidad de adecuar impuestos y contratos a la rentabilidad real de los proyectos para reactivar exploración y producción.
La propuesta busca mejorar la competitividad del sector en un contexto de caída natural de campos maduros y escaso interés inversor bajo el marco actual. El rediseño contractual y fiscal es visto como condición necesaria para destrabar inversiones en exploración, particularmente en áreas de mayor riesgo geológico.
Más allá del diseño de políticas, el desafío inmediato es el tiempo. Mario Ballivián, abogado corporativo, experto en el área energética, sostiene que acelerar la redacción de la nueva
Ley de Hidrocarburos no requiere empezar desde cero, sino ordenar el proceso con criterios técnicos claros. El primer paso, afirma, es definir con precisión el alcance de la ley en aspectos como el régimen fiscal y contractual, para concentrar esfuerzos en los temas críticos.
Ballivián propone equipos técnicos multidisciplinarios —con especialistas en derecho, economía y tributación— capaces de traducir los desafíos del sector en una norma coherente y aplicable. Recomienda además aprovechar anteproyectos y propuestas elaboradas en años anteriores, depurándolos y actualizándolos, en lugar de duplicar esfuerzos.
El proceso, añade, debería complementarse con consultas estructuradas y focalizadas con actores del sector, orientadas a soluciones concretas y no a debates abiertos sin plazos. La adopción de estándares y buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad boliviana, permitiría acortar tiempos y otorgar mayor credibilidad técnica al proyecto.
En cuanto a los plazos, Ballivián considera deseable que la nueva ley sea aprobada en los próximos meses, dada la urgencia del sector. Sin embargo, advierte que los mayores retrasos suelen concentrarse en la etapa de consensos y, sobre todo, en el debate legislativo. Aun aprobada la norma, su efectividad no será inmediata: requerirá reglamentos, normativa secundaria y un periodo de transición ordenado.
La implementación dependerá también del fortalecimiento institucional de entidades clave como el Ministerio de Hidrocarburos, la ANH y YPFB, en términos de capacidades técnicas, procedimientos claros y autonomía operativa. Sin estos elementos, el cambio podría quedar en el plano formal.
Respecto a la inversión extranjera, Ballivián llama a moderar expectativas. Incluso con una nueva ley, las grandes inversiones no llegarán de inmediato. El capital energético es de largo plazo y altamente sensible al riesgo, por lo que los inversionistas evaluarán la estabilidad y consistencia del nuevo marco legal con el resto del ordenamiento jurídico.
Mientras tanto, Bolivia enfrenta riesgos en suministro y comercialización de gas. La declinación de campos y la falta de nuevas inversiones presionan la oferta, especialmente para el mercado interno. En un entorno regional competitivo, la demora en enviar señales claras podría reducir la relevancia energética del país.
El desafío, coinciden autoridades y analistas, no es solo aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos, sino hacerlo a tiempo para preservar seguridad energética, ingresos fiscales y capacidad de negociación.