En medio del debate sobre el futuro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su rol en la cadena productiva de los hidrocarburos, una voz con experiencia directa en la estructura interna de la estatal plantea una tesis clara: el problema de YPFB no es legal ni constitucional, sino de injerencia política. Pedro Torquemada, expresidente ejecutivo de YPFB Chaco S.A. durante la fase inicial de la nacionalización, sostiene que la empresa ya es, por definición, un holding, pero uno cuya lógica empresarial ha sido progresivamente desactivada.
Desde su perspectiva, la discusión pública sobre la necesidad de “convertir” a YPFB en un holding parte de una premisa errónea. La estatal ya cumple esa función, debido a que sus principales filiales operan bajo la figura jurídica de Sociedad Anónima (S.A.). En el caso de YPFB Chaco S.A., la participación accionaria del Estado alcanza aproximadamente el 99,9%, quedando un porcentaje residual que confirma su sujeción al Código de Comercio y no a un régimen de empresa pública pura. Esta característica define a YPFB Casa Matriz como una sociedad tenedora de acciones, con atribuciones estratégicas, pero no como un ente diseñado para absorber la gestión operativa cotidiana de sus filiales.
Torquemada recordó que, en los primeros años del proceso de nacionalización, este modelo funcionó. Las empresas subsidiarias contaban con márgenes reales de autonomía operativa, lo que les permitía actuar con agilidad, tomar decisiones técnicas oportunas y responder a la lógica del negocio hidrocarburífero. Ese esquema, subrayó, no contradecía el control estatal ni el marco constitucional vigente, que otorga a YPFB la dirección superior de la cadena productiva, pero no prescribe una centralización administrativa absoluta.
Uno de los puntos que suele generar confusión, según el exejecutivo, es la razón por la cual las filiales mantuvieron la figura de Sociedad Anónima tras la nacionalización. No se trató de una concesión política ni de una ambigüedad deliberada, sino de una limitación del marco legal existente en ese momento. La legislación boliviana no contemplaba un mecanismo para transformar una empresa privada en estatal, lo que obligó a mantener la estructura societaria original, aun con control accionario casi total del Estado.
Torquemada fue enfático al marcar los límites del debate. La autonomía operativa no debe confundirse con una liberalización de la propiedad de los recursos. La Constitución Política del Estado establece con claridad que YPFB ejerce la dirección y el control de toda la cadena de los hidrocarburos. Cualquier intento de transferir ese rol al sector privado requeriría una reforma constitucional, una opción que no es viable en el actual periodo de gobierno. Sin embargo, ese marco no impide que las filiales operen con criterios empresariales, siempre que se respete la propiedad estatal.
El núcleo del problema, afirmó, se encuentra en la injerencia política y administrativa que se consolidó con el paso de los años. Decisiones centralizadoras, muchas veces adoptadas por actores sin conocimiento técnico del sector, fueron erosionando la autonomía que el propio Código de Comercio otorga a las sociedades anónimas. El resultado ha sido una creciente burocratización, menor capacidad de respuesta y una pérdida de eficiencia que hoy impacta en todo el sector hidrocarburífero.
La solución que plantea es directa y, en el corto plazo, no requiere reformas constitucionales. En primer lugar, una decisión política inmediata para retirar la injerencia operativa y restituir la autonomía de gestión de las filiales de YPFB. En segundo término, un blindaje legal a futuro mediante una nueva Ley de Hidrocarburos que defina explícitamente la estructura de holding y prohíba la centralización abusiva desde la Casa Matriz o el Poder Ejecutivo.
En el plano operativo, Torquemada propone separar de la estructura de la Casa Matriz las funciones de upstream y convertirlas en una unidad plenamente funcional y competitiva, sujeta a obligaciones técnicas, programas de trabajo y compromisos contractuales, como cualquier empresa operadora. Al mismo tiempo, advierte que el accionista no debería absorber las utilidades generadas, ya que estas son clave para el crecimiento, la atracción de inversiones y una eventual proyección internacional.
Su diagnóstico apunta a una idea central: Bolivia ya contó con un modelo de gestión que funcionó. Recuperarlo no es una cuestión de rediseño institucional complejo, sino de voluntad política y de respeto a la lógica empresarial dentro del marco constitucional vigente.