La Fiscalía de La Paz investiga hechos de corrupción que habrían ocurrido en la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro), durante el anterior Gobierno.
El daño económico supera los 100 millones de bolivianos, por irregularidades que van desde contrataciones innecesarias hasta pagar el salario de una gerencia cuando la misma ya había sido clausurada, informó la fiscal Magaly Bustamante.
“Por el momento se tiene una pérdida económica de 101.065.912 bolivianos”, indicó la fiscal, a tiempo de precisar que esta cifra representa el 72% del capital que se asignó a esta empresa pública de 140 millones de bolivianos.
En 2022, el Gobierno de Luis Arce creó esta empresa mediante Decreto Supremo, para el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, asignándole los 140 millones de bolivianos como inyección de capital.
En cuanto a las irregularidades, la fiscal explicó que había personal injustificado y, por ejemplo, mencionó que la Gerencia Pecuaria de B-Agro había sido cerrada en abril de la gestión 2024. No obstante, el gerente de esta área ha seguido percibiendo sus salarios por un monto superior a los 17 mil bolivianos entre mayo a diciembre de la gestión 2024, sin que se haya podido verificar alguna tarea o función asignada.
También se observó gastos superiores a los ingresos. Los egresos registrados en la gestión 2024 superan los 24 millones de bolivianos, cuando lo que la empresa producía en realidad anualmente era de 13 millones de bolivianos.
Sobre las contrataciones innecesarias, indicó que se han alquilado predios para la siembra cuando B- Agro contaba en realidad con una dotación de tierras por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).