El conflicto en torno a la defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía otra vez empieza a levantar polvareda. El pedido de la Procuraduría General del Estado para suspender la medida cautelar que paraliza el proyecto hidrocarburífero Domo Oso X-3, sumado a un informe del Órgano Electoral que confirma que no supervisó la consulta previa, ha reactivado el debate sobre la legalidad del ingreso de Petrobras y el impacto ambiental de las actividades petroleras en esta área protegida del sur del país.
El caso enfrenta a instituciones del Estado, legisladores y organizaciones ambientales en torno a la exploración impulsada por la empresa Petrobras en el bloque exploratorio San Telmo Norte, colindante con la reserva.
La Procuraduría entra al baile
El procurador General del Estado, Hugo César León La Faye presentó el 27 de febrero de 2026 un memorial ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos solicitando el levantamiento de la medida cautelar que había paralizado temporalmente el proyecto exploratorio.
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La solicitud responde a un requerimiento previo del juzgado, que pidió aclarar aparentes contradicciones en el petitorio presentado por la Procuraduría. En su respuesta, León precisó dos aspectos centrales.
En primer lugar, sostuvo que el Auto Interlocutorio 06/2026, que dispuso la paralización temporal del proyecto durante 30 días desde el 16 de enero, ya se encuentra “vencido y cumplido”. En ese marco, solicitó que la medida cautelar sea levantada y que no se amplíe su plazo, argumentando que su continuidad podría generar un “mayor daño económico al Estado”.
En segundo lugar, la Procuraduría pidió al juez que se emita una resolución declarando improbada la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que busca frenar las actividades exploratorias en la zona.
La acción judicial fue presentada el 9 de enero de 2026 con el objetivo de detener el proyecto mientras se investigan posibles vulneraciones a normas ambientales y derechos de comunidades.
Parlamentarios arremeten
La posición de la Procuraduría generó una inmediata reacción política. La diputada Lorena Gareca cuestionó públicamente el pedido de la institución, acusando al Procurador de priorizar intereses económicos sobre la protección ambiental.
A través de sus redes sociales, la legisladora afirmó que la autoridad estatal “prioriza la exploración por sobre la protección de nuestra reserva de Tariquía” y criticó que se solicite no ampliar la medida cautelar planteada por el Defensor del Pueblo y respaldada por parlamentarios.
Gareca también cuestionó que se pida declarar improbada la demanda argumentando posibles daños económicos al Estado, pese a que —según afirmó— existen irregularidades en el proceso, entre ellas la ausencia de consulta previa supervisada.
La diputada sostuvo que esta postura ignora el riesgo de un “daño ambiental irreversible” en la reserva, considerada una de las principales fuentes de agua para el sur del país.
Cívicos cargan contra el Gobierno
El presidente del Comité Cívico de Tarija, Jesús Gira, instó al Gobierno para que a través del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puedan enmarcarse en la pausa ambiental y esto pueda cesar de manera inmediata la persecución en contra de los defensores de Tariquía.
Gira manifestó que están haciendo seguimiento de cerca sobre lo que sucede en Tariquía, argumentó que actualmente hay dos comisiones que están trabajando, una es técnica que está conformada por miembros de la Federación de Profesionales de Tarija y otra en el ámbito legal a través del Colegio de Abogados, mismos que están aguardando las resoluciones emitidas por el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos.
El rol del TSE en la consulta previa
El debate se intensificó tras conocerse un informe técnico del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, que confirmó que la institución no fue convocada para supervisar la consulta previa del proyecto hidrocarburífero.
El documento TSE-DN.SIFDE N° 021/2026, emitido el 30 de enero por la Dirección Nacional del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), señala que no existe registro alguno de solicitud para observar o acompañar el proceso de consulta vinculado al proyecto Domo Oso X-3.
El informe fue elaborado en respuesta a un requerimiento del juez agroambiental Clever Marcelo Osorio Guerrero, quien solicitó verificar si el Órgano Electoral había participado en la supervisión del proceso.
Tras revisar registros institucionales entre octubre de 2015 y enero de 2026, el SIFDE concluyó que no existe documentación digital ni física que evidencie una convocatoria oficial.
“En consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral no observó, acompañó ni supervisó dicho proceso de consulta previa”, señala el informe.
La verificación también incluyó una revisión en el Tribunal Electoral Departamental de Tarija, cuyos archivos tampoco registran antecedentes relacionados con la consulta del proyecto.
Un requisito legal necesario
La consulta previa es un derecho reconocido en la Convenio 169 de la OIT y en la Constitución Política del Estado. La normativa boliviana establece que el Órgano Electoral debe observar y acompañar estos procesos para garantizar su transparencia y legalidad.
De acuerdo con el reglamento vigente, la autoridad convocante —generalmente el Ministerio de Hidrocarburos o la empresa operadora— debe solicitar formalmente la participación del SIFDE para que este registre y supervise el proceso.