A pocos días realizarse la inspección técnica in situ del proyecto Domo Oso X-3, en el cantón Chiquiacá, la Defensoría del Pueblo advirtió el incumplimiento de la Constitución Política del Estado y del Acuerdo de Escazú, si el Gobierno Nacional permite el avance de la exploración sin el cumplimiento de requisitos básicos, como la consulta previa.
“No podemos, a título de no generar inseguridad jurídica, incumplir con lo que dice la Constitución”, puntualizó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en respuesta a la advertencia de inseguridad jurídica a inversiones planteada por procurador General del Estado, Hugo León La Faye, al insistir en la ejecución del proyecto exploratorio, que será ejecutado por Petrobras Bolivia y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en puertas de la Reserva Natural de Flora y Fauna Tariquía.
La intervención del Procurador
El Procurador General del Estado presentó el 27 de febrero de 2026 un memorial ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos solicitando el levantamiento de la medida cautelar que había paralizado temporalmente el proyecto exploratorio.
Sostuvo que el Auto Interlocutorio 06/2026, que dispuso la paralización temporal del proyecto durante 30 días desde el 16 de enero, ya se encuentra “vencido y cumplido”. En ese marco, solicitó que la medida cautelar sea levantada y que no se amplíe su plazo, argumentando que su continuidad podría generar un “mayor daño económico al Estado”.
En segundo lugar, la Procuraduría pidió al juez que se emita una resolución declarando improbada la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Además, consideró que la Defensoría no tiene competencia de fiscalizar una consulta previa.
El Defensor del Pueblo advirtió que cualquier avance del proyecto podría constituir una vulneración a la normativa vigente y a los compromisos internacionales asumidos por Bolivia, entre ellos el Acuerdo de Escazú.
Callizaya confirmó su presencia el próximo 16 de marzo en la inspección técnica in situ del proyecto exploratorio Domo Oso X-3 convocada por el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos.
“Nuestra presencia responde a un mandato claro: velar por la vigencia de los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra. Actuamos en el marco de la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el Estado, para garantizar transparencia, acceso a la información y el derecho a la consulta de las comunidades. Proteger el medio ambiente y los territorios es también defender la vida”, publicó en sus redes sociales.
Recordó que la Defensoría del Pueblo planteó una solicitud de medidas cautelares ambientales pidiendo la suspensión de la exploración mientras se cumpla con los derechos a la consulta, el derecho a la información y a un medioambiente sano.
Aclaró que este planteamiento no se opone a las actividades económicas, sino a la ejecución de proyectos sin el cumplimiento de los estándares legales vigentes.
Asimismo, Callisaya indicó que existen observaciones relacionadas con la evaluación ambiental del proyecto. Según detalló, “no se ha hecho una evaluación del impacto ambiental de la exploración”, requisito fundamental antes de iniciar cualquier actividad de esta naturaleza dentro de áreas protegidas o territorios con presencia de comunidades.
Otra de las irregularidades identificadas está vinculada a la situación legal de los predios donde se prevé desarrollar la exploración. “La titularidad de estos predios todavía está en proceso de saneamiento”, concluyó el Defensor del Pueblo.