Un esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y privadas garantizará un acceso más justo y equitativo a la energía eléctrica. El acuerdo involucra al Ministerio de Hidrocarburos y Energía, a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables, en coordinación con el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. La alianza estratégica “Descuento patria» se convierte en una extensión de la Tarifa Dignidad.
Las autoridades del Gobierno nacional, en representación del viceministro de Electricidad, Carlos Pedro Marcelo Blanco, afirmaron que el “Descuento patria” representa un paso significativo hacia la consolidación de políticas energéticas sin imposición.
Busca aliviar la carga económica de los hogares bolivianos, así como también fortalecer la cooperación entre el Estado y las empresas del sector eléctrico.
Reafirmaron también el compromiso de Santa Cruz y de las instituciones participantes con el desarrollo sostenible, la equidad social y el acceso universal a la energía.
La autoridad nacional agradeció al gobernador Luis Fernando Camacho por la firma de este convenio en las instalaciones del ente departamental, y afirmó que este logro forma parte de las luchas autonómicas de Santa Cruz.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Pablo Sauto, precisó que la Gobernación está presente en el acompañamiento de esta firma de convenio entre ENDE y el Viceministerio de Electricidad, que beneficia a todo el pueblo boliviano que consume menos de 70 kilovatios por mes de energía eléctrica, y que representa el 60% del consumidor en general.
Destacó la coordinación estatal con los siete proveedores privados de energía eléctrica en la mejora de la calidad de vida.
Afirmó que con la firma de este convenio que se llevó a cabo en Casa de Gobierno ya entra en vigencia el mismo para ser aplicado a la población.
Por su parte, los representantes del sector energético privado indicaron que Santa Cruz es el centro de la economía del sector energético nacional, y ponderaron la coordinación con el Gobierno nacional después de 22 años de imposiciones de anteriores gestiones.