Este jueves 19 de marzo se llevó adelante la inspección judicial al pozo Domo Oso X-3 (DMO X-3), ubicado en el Cantón de Chiquiacá, municipio de Entre Ríos, en la provincia O’Connor, en el marco de un proceso que podría definir el futuro de uno de los conflictos socioambientales más sensibles del sur del país, y que involucra a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
La diligencia, impulsada por el Tribunal Agroambiental, se realizó tras haber sido postergada debido a las intensas lluvias y el deterioro de las carreteras en la zona. La jornada reunió a representantes de Petrobras Bolivia, YPFB, la Procuraduría General del Estado, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), quienes respaldan el ingreso de operaciones petroleras.
En la vereda opuesta, participaron la Defensoría del Pueblo, el Comité de Defensa del Cantón de Chiquiacá y un equipo de profesionales que cuestionan la legalidad y los impactos del proyecto dentro de esta área protegida.
Una inspección marcada por tensiones
El desarrollo de la inspección no estuvo exento de controversias. El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, solicitó al Juzgado Agroambiental de Entre Ríos suspender la diligencia, petición que fue rechazada. A ello se sumó la negativa inicial de Petrobras de trasladarse hasta el punto exacto donde se prevé ejecutar la planchada del pozo.
Desde el Comité de Defensa del Cantón de Chiquiacá, su presidente, Aly Mercado Jiménez, denunció que durante la jornada se habría intentado desviar el recorrido del juez hacia zonas distintas al área de intervención.
“No querían que el Juez llegue hasta el lugar para que él pueda verificar el daño y la contaminación que van a hacer al agua y medioambiente”, sostuvo, al remarcar que finalmente la autoridad judicial logró llegar al sitio en cuestión.
El eje del conflicto
Uno de los principales hallazgos expuestos por los defensores de Tariquía es la ubicación del proyecto. Según Mercado, la planchada y la apertura de brechas se proyectan sobre La quebrada del Oso, considerada una fuente vital de agua para las comunidades del cantón.
El área, además, forma parte de la cuenca del río Tarija, lo que amplía la preocupación por posibles impactos no solo locales, sino en la biodiversidad de un afluente mayor.
“Estamos hablando de una zona de recarga hídrica. Cualquier intervención puede afectar todo el sistema”, advirtió.
Los antecedentes en otras áreas protegidas del departamento refuerzan estas alertas. Defensores de la reserva citan el caso de la Reserva de Aguaragüe, donde denuncian que la actividad hidrocarburífera ha generado contaminación en cursos de agua, afectando tanto a ganado como a la fauna silvestre.
Argumentos para una audiencia decisiva
Aunque la inspección permitió una verificación en campo, no se emitieron conclusiones en el lugar. El proceso continuará el martes 24 de marzo, a las 09:00, en la Casa de Justicia de Entre Ríos, donde se llevará a cabo la audiencia en la que ambas partes expondrán sus argumentos.
Desde las comunidades y organizaciones defensoras de Tariquía, ya se delinean los principales ejes de su posición: uno de ellos tiene que ver con la falta de consulta previa, sostienen que no se cumplió con este requisito con las comunidades, y que incluso el Órgano Electoral reconoce que no supervisó dicho proceso, del que advierten tiene una serie de irregularidades.
Por otro lado, está el riesgo de contaminación hídrica, mencionan que la intervención en una zona de recarga podría afectar el acceso al agua en todo el cantón; también se considera el impacto ambiental acumulativo, alertan sobre posibles efectos en la biodiversidad.
A esto se suma, las irregularidades administrativas, cuestionan modificaciones en los hitos de la reserva y en su plan de manejo, que habrían facilitado el ingreso de las petroleras. Lo que lleva a plantear la necesidad de una auditoría ambiental a cargo de la Contraloría General del Estado.
Apoyo a la defensa
Un elemento que fortalece la posición de los defensores de la reserva es la incorporación de un equipo multidisciplinario. Profesionales del Colegio de Abogados y de la Federación de Profesionales de Tarija, junto a la Defensoría del Pueblo, participarán en la audiencia para respaldar técnicamente los argumentos de las comunidades.
YPFB moviliza a comunarios para que apoyen al DMO X-3
A través de un boletín emitido por la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informaron que han acompañado la inspección técnica del Juzgado Agroambiental al proyecto exploratorio DMO X-3, asimismo aseguran que existen comunarios que respaldan el ingreso de las petroleras a Tariquía.
Además, YPFB ha vuelto a ratificar que el pozo DMO X-3 se encuentra fuera de la Reserva de Tariquía a 1,5 kilómetros. Sin embargo, obvia mencionar que el desarrollo del campo compromete esta área protegida.