Diferentes instituciones productoras de semillas e insumos agropecuarios advierten sobre el crecimiento, en el país, del uso de productos no certificados o ilegales en la producción, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria. Según un estudio, el mercado de plaguicidas ilegales, falsificados o adulterados en Bolivia oscila entre 108 y 151 millones de dólares, lo que representa entre el 32% y el 44% de las importaciones legales.Referencia geográfica
CONTRABANDO. Crece el uso de semillas y plaguicidas de contrabando
El estudio “Estimación del contrabando de plaguicidas, fertilizantes y uso de semilla no certificada”, elaborado por el Centro de Estudios Económicos (CEBEC) de la Cámara de Industria y Comercio – CAINCO develó que el mercado de plaguicidas ilegales, falsificados o adulterados en Bolivia oscila entre 108 y 151 millones de dólares, representando entre el 32% y el 44% de las importaciones legales.
El informe también revela que el 57% del uso de semilla de soya y maíz es ilegal, mientras que la fertilización ilegal alcanza al 69% del área agrícola, evidenciando la magnitud de esta problemática en el país.
También se identifica la existencia de producción y circulación de semillas fuera del sistema formal, incluyendo el uso no declarado de variedades registradas y su reintroducción en campo sin control ni certificación, lo que debilita la trazabilidad y afecta el orden del sistema productivo.
Ante esta situación desde la Asociación de Productores de Semillas – ASOSEMILLAS, remarcan que el uso de semilla no certificada pone en riesgo la calidad de la producción, la trazabilidad de los cultivos y la sostenibilidad del sistema agrícola, además de generar una competencia desleal para quienes cumplen con la normativa vigente.
A su vez, se advierte que esta problemática responde a factores estructurales y controles insuficientes, lo que se refleja en la presencia de estos productos en mercados informales y su comercialización a través de canales no regulados, incluyendo plataformas digitales.
“El impacto del comercio ilegal de insumos agropecuarios y semillas es amplio y afecta directamente a la economía, la salud de productores y consumidores, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la competitividad del sector exportador”, indican desde la institución semillera.
En este contexto, es necesario aplicar una acción urgente y coordinada entre entidades como el SENASAG, el INIAF, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y la Aduana Nacional y el sector privado.