La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y la Cámara Departamental de la Construcción de Cochabamba se declararon ayer en emergencia y anunciaron movilizaciones a nivel nacional a partir del lunes en protesta por la falta de aprobación de un decreto supremo que permita el reajuste de precios de las obras públicas.
El sector arrastra esta problemática desde hace más de dos años. “La construcción se ha visto afectada por la falta de divisas, el incremento en los precios de materiales, la escasez de combustibles y los bloqueos”, explicó el presidente de la Cámara de Cochabamba, Rolando Siles.
En la misma línea, el presidente de Caboco, Raúl Solares, señaló que pese a cinco meses de trabajo en mesas técnicas con autoridades nacionales aún no existe una nueva normativa que garantice el reajuste de precios en los contratos estatales. “No se puede pretender que el empresariado constructor cubra estos incrementos con su propio patrimonio”, cuestionó.
El representante de Cochabamba remarcó que La falta de un reajuste pone en riesgo la continuidad de proyectos públicos y la estabilidad de toda la cadena productiva. Advirtió que más de 500 mil empleos directos y cerca de un millón de empleos indirectos dependen de la construcción. “Exigimos un equilibrio económico en los contratos para evitar la quiebra de las empresas constructoras”, indicó.
Mientras tanto, en distintas regiones del país ya se realizaron movilizaciones y “tractorazos”. Ante la falta de respuestas concretas, el sector decidió intensificar las medidas de presión. “Las movilizaciones se mantendrán hasta lograr la aprobación y promulgación del decreto”, recalcó Solares.
Desde el ámbito técnico, el director de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), Ariel Figueredo, indicó que el sector está en estado de emergencia y vigilia. Explicó que el incremento en los costos de combustibles y mano de obra ha elevado drásticamente los precios de los materiales, comprometiendo la viabilidad de los proyectos.
El presidente del Colegio de Arquitectos de Cochabamba, Fernando Morales, afirmó que el problema afecta a los tres niveles del Estado: municipal, departamental y nacional. “Algunos materiales han subido casi al doble y los contratos actuales no permiten cubrir estos costos”, advirtió.
Como respuesta, Cadeco y las instituciones técnicas del sector definieron tres ejes de acción: el restablecimiento del equilibrio económico en los contratos de obra pública mediante la aprobación del decreto de reajuste de precios, la sostenibilidad financiera de las empresas constructoras y la garantía de ejecución y conclusión de proyectos públicos con impacto social y territorial. Los representantes reiteraron su llamado al Gobierno para que atienda la demanda con urgencia.