El Gobierno nacional presentó este lunes el Decreto Supremo N° 5600, una norma que busca eliminar las contrataciones directas en el Estado, transparentar el uso de recursos públicos y auditar procesos realizados en gestiones pasadas.
La medida fue anunciada en conferencia de prensa por el presidente Rodrigo Paz Pereira, junto a los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo Flores, y de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez.
Un sistema “opaco” bajo la lupa
Durante la presentación, el Ejecutivo expuso una serie de proyectos observados, entre ellos hospitales inconclusos, unidades de radioterapia paralizadas y obras catalogadas como “elefantes blancos”.
El ministro de la Presidencia afirmó que estos casos reflejan “un sistema de corrupción instituido por casi 20 años”, caracterizado por el uso de decretos para adjudicar contratos sin licitación.
Entre los ejemplos mencionados figuran:
Hospitales sin concluir por más de Bs 4.400 millones
Compra de 702 ambulancias por 64 millones de dólares
Aeropuertos sin operación como el de San Ignacio
Obras como el museo de Orinoca
Según datos oficiales, se identificaron 161 decretos que permitían contrataciones directas, por montos superiores a Bs 7.930 millones.
¿Qué establece el Decreto 5600?
El Decreto Supremo 5600 tiene como eje central eliminar las autorizaciones excepcionales para contratar de manera directa, establecidas en normas previas.
Entre sus principales puntos destacan:
Abrogación y derogación de decretos que permitían contrataciones directas fuera del marco del Decreto Supremo 0181
Eliminación del Artículo 83 Bis, que habilitaba mecanismos excepcionales de contratación
Mantenimiento de excepciones solo en casos establecidos por ley o contrataciones en el exterior
Inicio de un proceso de auditoría a contrataciones realizadas en el pasado
Además, se instruye a los ministerios realizar un relevamiento de todos los procesos de contratación directa para identificar posibles hechos de corrupción.
Transición y aplicación
El decreto establece que los procesos de contratación iniciados antes de su vigencia deberán concluir bajo la normativa anterior.
Asimismo, los ministerios de la Presidencia y de Economía deberán reglamentar los mecanismos de revisión en un plazo de 30 días hábiles.
“Un punto de quiebre”
El presidente Paz calificó la medida como “un ataque directo a un modelo de corrupción”, asegurando que el acceso a contratos públicos estaba condicionado por vínculos políticos.
“Esto se acabó. Estamos eliminando ese sistema y quienes hayan utilizado el Estado para beneficio propio deberán responder”, afirmó.
Medidas económicas complementarias
En la misma conferencia, el ministro de Economía anunció la liberación del uso de tarjetas de crédito y débito para compras en el exterior.
Las principales disposiciones son:
Uso de tarjetas de crédito sin restricciones, sujeto a la capacidad de pago
Límite mínimo de 500 dólares mensuales para tarjetas de débito
Aplicación del tipo de cambio referencial del Banco Central de Bolivia
La medida beneficiará a más de 2,7 millones de usuarios, incluyendo estudiantes, pacientes y comerciantes.
Objetivo: transparencia y reactivación
El Gobierno aseguró que estas decisiones buscan restablecer la confianza, ordenar la economía y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
“No solo estamos ordenando la casa, estamos liberando la economía”, concluyó el mandatario.