Mientras los países vecinos compiten por atraer inversión minera con marcos legales modernos y trámites ágiles, Bolivia permanece paralizada por una legislación que no se adapta a las exigencias del mercado internacional. Perú proyecta recibir este año más de $us 7.100 millones en inversiones mineras. Argentina impulsa el sector con la ley RIGI. Chile avanza hacia una mayor participación privada con apoyo de la CAF. Brasil profundiza su apertura al capital extranjero. En ese contexto, el país no ha logrado renovar ni su marco de inversión ni su legislación sectorial.
El ingeniero metalúrgico José Padilla, analista del sector minero, es una de las voces que con mayor claridad señala el problema y propone soluciones concretas. Sostiene que Bolivia tiene el potencial mineralógico para competir, pero carece del andamiaje legal adecuado.
Bolivia frente a sus vecinos
La brecha entre Bolivia y la región no es solo de cifras, sino de señales. Padilla lo resume con un dato elocuente. «JP Morgan, el banco más grande del mundo, no califica a Bolivia como un país de oportunidades para el sector minero. Especialmente en lo que respecta al Precámbrico”, indica.
Esa percepción, sostiene, no es arbitraria. Tiene una causa directa en la legislación vigente. «La ley minera actual no permite traer capitales de riesgo para la minería», afirma. Esa sola limitación basta para alejar a los grandes inversionistas internacionales en un momento en que los precios de los minerales son favorables y la competencia por atraer capital es feroz.
El nudo legal
El problema no es solo la ausencia de incentivos, sino también la inseguridad sobre la titularidad. Bajo el régimen actual, los contratos mineros son a 30 años, pero las tierras permanecen en manos del Estado. Antes, explica Padilla, «el titular de una concesión podía inscribirla en Derechos Reales y utilizarla como activo financiero. Esto le daba respaldo para atraer inversión”. Esa posibilidad desapareció con la ley vigente, y con ella, una herramienta clave de financiamiento para los proyectos.
Hacia una nueva ley
El presidente Rodrigo Paz ha anunciado la pronta presentación del proyecto de una nueva ley minera, como un paquete de varias otras normativas sectoriales clave. Para Padilla, ese instrumento debe descansar sobre cuatro pilares. El primero es la seguridad jurídica: «el inversionista tiene que tener la seguridad jurídica y el marco legal”. El segundo es un marco ambiental claro, «porque ahí es donde con frecuencia tropezamos”. El tercero es la incorporación explícita de los minerales estratégicos y la definición de regalías para los gobiernos regionales. Y el cuarto —ausente en todas las propuestas actuales— es la responsabilidad social empresarial. “Las empresas deben contribuir al desarrollo integral de las comunidades donde operan —educación, salud, caminos, energía— de manera que la comunidad se sienta también parte del proyecto”, anota.
A esto añade una dimensión de política industrial que suele pasarse por alto. “Ya no vamos a ser vendedores de materia prima concentrada; tenemos que avanzar hacia la metalurgia», sostiene.
La oportinidad en el oriente
Bolivia cuenta con un Precámbrico de 220.000 kilómetros cuadrados rico en minerales estratégicos. Es en el oriente del país donde Padilla ve la oportunidad más inmediata, en parte porque el occidente arrastra un problema estructural: conflictos comunitarios que han llegado a paralizar proyectos y que «generan un eco negativo en el ámbito internacional respecto a la seguridad jurídica del país”. En el oriente, en cambio, «hay mayor amplitud y garantías». Es precisamente allí donde se concentran los minerales críticos que el mundo demanda.