En 2022 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destinará el 66 por ciento de su presupuesto a la importación de hidrocarburos y el 23 por ciento a contratos petroleros enmarcados en el Upstrean. Esta situación preocupa a los especialistas porque consideran que pone en evidencia la extrema gravedad de la dependencia energética del país, que se agrava cada año por la caída de la producción nacional.
El Presupuesto General de Estado (PGE) 2022 asignó 58.347 millones de bolivianos para el gasto público, de ese monto 31.967 millones serán destinados a YPFB (55 por ciento). A su vez, la empresa estatal destinará 21.145 millones (el 66 por ciento) para la compra de hidrocarburos, mientras que para contratos de exploración-producción (Upstrean) destinará 7.437 millones.
Este 2021 el Gobierno nacional dispuso un presupuesto de 18.634 millones de bolivianos para la compra de hidrocarburos, por lo que para el 2022 se elevará en 13 por ciento, revela el PGE 2022.
“El monto asignado a YPFB es alto respecto al resto del Estado y el presupuesto para la importación de combustibles es el 66 por ciento del presupuesto de YPFB. Se pone en evidencia la extrema gravedad de la dependencia energética del país, por la caída de la producción nacional y que el Gobierno no puede solucionar al mantener la estructura estadística del sector petrolero”, dijo el analista en hidrocarburos y expresidente de YPFB Hugo del Granado.
Asimismo, la asignación de 21.145 millones de bolivianos para la compra de hidrocarburos fue calificada como “catastrófica” por un exgerente de YPFB, que prefirió no identificarse.
“Son más de 3.000 millones de dólares que se va importan a precios por encima de seis bolivianos el litro. La subvención va a perforar las arcas del Estado y eso porque no hay petróleo ni condensado, las refinerías trabajan al 58 por ciento de capacidad, tienen 42 por ciento ocioso”, dijo el exejecutivo.
El especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez indicó que la situación se vuelve complicada cuando se utiliza dinero público para la actividad exploratoria.
“En lugar de usarlo en perforar un pozo que podría resultar seco, podría servir para inversión en salud, educación o desarrollo económico. Por ello, es que venimos insistiendo en que el financiamiento de YPFB debería venir de la participación que tiene en las ganancias de los contratos de operación”, indicó.
Agregó que, al margen de la cantidad de dinero que se asigna a YPFB, la empresa requiere ajustes estructurales urgentes a través de una nueva ley de hidrocarburos.
“Hay varios temas que deben ser ajustados con una nueva ley como ser: los roles institucionales, modelos de contrato para exploración y explotación, normativa ambiental, obligación de reponer reservas, régimen fiscal, transparencia y acceso a información. Estos son aspectos que no se solucionan con un mayor presupuesto, sino con una nueva ley debatida y consensuada con los diferentes actores”, dijo.
El analista en hidrocarburos José Padilla coincidió en que urge una nueva norma para atraer a la empresa privada.
“Si no hay ley no van a venir las inversiones, los decretos de incentivo no son suficientes; para que haya seguridad hay que cambiar la ley”, manifestó.
Los analistas también cuestionaron que el Gobierno no brinde más detalles de los montos que se destinarán a la exploración y explotación en 2022.
A octubre de este año, YPFB sólo alcanzó una ejecución presupuestaria del 15,08 por ciento de los recursos destinados a inversión pública, cifra que, según los expertos, demuestra falta de eficiencia y capacidad de gestión.
La situación preocupa al propio ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, que en la nota MHE-09017-DESP-1496/2021, del 13 de octubre de 2021, dirigida al presidente de YPFB, Wilson Zelaya, manifestó su “profunda preocupación por la baja ejecución de inversión pública.