Los seis exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que aprobaron en 2017 la repostulación indefinida de autoridades electas, lo que permitió que el entonces expresidente Evo Morales vuelva a postularse al cargo, fueron librados de un juicio penal y su caso fue derivado al Legislativo para un eventual juicio de responsabilidades.
El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava, informó que el juez Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, Emilio Pinto, decidió en audiencia archivar el caso tras declarar incompetente a la Fiscalía en la investigación que había iniciado en contra de los exmagistrados porque, en su opinión, cometieron las irregularidades denunciadas en el ejercicio de sus funciones.
A partir de esa decisión, la demanda contra los exmagistrados Ruddy Flores, Zenón Bacarreza, Neldy Andrade, Mirtha Camacho, Macario Lahor y Oswaldo Valencia pasó al Legislativo, y que ahora deberá definir si procede o no un juicio de responsabilidades.
Fueron denunciados por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En enero de 2020, la Fiscalía admitió la denuncia bajo el argumento de que al ser exautoridades no pueden ser beneficiadas con la Ley para el Juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público.
En noviembre del 2017, se conoció que el TCP avaló la repostulación de todas las autoridades electas amparado en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) sobre los derechos políticos. Se explicó que al haberse definido una sola repostulación continua en la Constitución vulneraba el derecho humano al ejercicio del derecho político.
Bajo ese fallo, Morales y el exvicepresidente Álvaro García se presentaron a las elecciones de octubre de 2019. Pero tras ganar los comicios, Morales se vio obligado a renunciar ante denuncias de fraude electoral, un motín policial, un paro cívico y la “sugerencia” militar para que deje el cargo.
Un referéndum había decidido antes rechazar la posibilidad de una nueva candidatura de Morales, que estaba en el poder desde 2006.
Un eventual juicio de responsabilidades deberá definirse en el Legislativo, controlado por el MAS, y por dos tercios de votos.