Las repercusiones económicas de la devolución total o parcial de los aportes a las AFP, vinculadas a menores pensiones en futuras jubilaciones o iliquidez en el sistema financiero y el Tesoro General de la Nación (TGN), motivan la socializar del proyecto. Según el economista Germán Molina, cuando lleguen los resultados nocivos, las autoridades afirmarán que la medida fue aprobada escuchando al pueblo.
El pasado martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, informó que el proyecto de ley para la devolución de aportes a las AFP será socializado con organizaciones sociales y el Ministerio de Economía. Indicó que todos los bolivianos tienen derecho a emitir su posición sobre el tema y que el trabajo de socialización ayudará a definir el monto que se destinará a la devolución.
Sin embargo, Molina advirtió serios efectos en la economía en caso de materializarse la devolución. Dijo que las AFP no tienen los recursos de los aportes en una bóveda gigante, sino invertidos en el TGN y el sistema financiero, a los que dejará sin liquidez al momento del retiro.
Esta situación, según el analista, generará un serio problema en el TGN, que ya se encuentra con dificultades por la reducción de recaudaciones impositivas y no está en condiciones de devolver los recursos a las AFP.
Molina dijo que esta medida, que fue un compromiso electoral del presidente Luis Arce, ahora “está quemando las manos a las autoridades y quieren pasar la responsabilidad a la sociedad civil”.
“Ahí va la cuestión de decir ‘vamos a consultar a los sectores’, para que cuando se apruebe y haya los resultados nocivos para la economía, van a declarar que ha sido tomada la decisión escuchando a la gran mayoría y ellos sabían de los riesgos que se iban a enfrentar”, indicó Molina.
El proyecto de ley establece la devolución del 15 por ciento del saldo acumulado a quienes tengan un aporte menor o igual a 100 mil bolivianos, y la devolución del 100 por ciento a quienes tengan un saldo de hasta 10 mil bolivianos, siempre y cuando tengan 50 años o más.
Pero el proyecto tiene otros aspectos a considerar. Según un informe de Fundación Milenio, las personas que accedan a la devolución no se beneficiarán con el Fondo Solidario que permite mejorar la pensión de los jubilados que posean aportes menores.
El retiro también imposibilitará o limitará el acceso a la jubilación y quitará el seguro de salud en las Cajas. Por ello, la Fundación Milenio considera que se trata de un “incentivo perverso, que desalienta a ahorrar algunos años más para tener una jubilación vitalicia”.
También dice que es una ley discriminatoria porque excluye de la devolución a quienes hubieran aportado desde diciembre de 2019 en condición de funcionarios públicos. Según Milenio, la exclusión está dirigida a los funcionarios que trabajaron en el gobierno de Jeanine Áñez.