Un informe del Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) revela la presencia de mercurio en el río Yuyo. El ensayo fue realizado en mayo de este año y sirvió como argumento para exigir la paralización de la minería ilegal en el área protegida Chontalaka Yuyo por el daño irreparable al medio ambiente y a la salud de los pobladores.
El ensayo en agua de río A 46/22, realizado del 25 al 30 de mayo, establece que hay 0,18 miligramos de mercurio en la muestra colectada del río Yuyo. Este documento fue presentado ante el Tribunal Constitucional (TCP) que ordenó suspender la actividad minera a la aurífera Korihatum SRL.
“En términos de mercurio es una cantidad elevada. Lo normal en un cuerpo de agua es 0,0001. El informe dice que en esa muestra, el mercurio está 100 veces por encima de lo normal. Estos valores son usuales de encontrar en un área donde se explota oro”, explicó el investigador Darío Achá, quien interpretó el informe a pedido de este medio.
Achá sugirió hacer otro estudio en peces del río contaminado ya que el 98% de mercurio del animal es absorbido por el cuerpo humano. Los pobladores de Correo, parte del pueblo Leco, son consumidores de lo que pescan en los ríos Yuyo, Chiara y Quemalora como informaron en audiencia del TCP.
El mercurio es el elemento esencial usado en la minería aurífera para separar el oro de la roca, arena u otro material al que se encuentre adherido. Ambos, el oro y el mercurio, se mezclan en una amalgama que luego es calentada, ocasionando la evaporación del mercurio y dejando el oro.
Cuando una persona tiene altos niveles de mercurio en el cuerpo sufre de trastornos neurológicos, temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, dolores de cabeza y otros. Según Achá, la población más vulnerable son los menores de cinco años y las mujeres embarazadas. “Afecta el desarrollo del embrión y pueden tener más abortos”.
“El oro que se explota en Chontalaka-Yuyo es aluvional cuando llueva el deslave se llevará todo y llegará a Mapiri. Entonces cuando se acabe se irán, pero dejarán todo contaminado. El mercurio mata las células, ¿quieren exterminar a las comunidades indígenas?”, cuestionó el apoderado de la comunidad Correo, Víctor Espinoza.
Para la senadora Cecilia Requena (CC), el Estado está incurriendo en “un etnocidio, cuyo crimen lo comete por su inacción y también por las decisiones que toma”. La parlamentaria lamentó que solo oenegés hagan estudios de caso que revelan altos niveles de mercurio en “niños que tienen la vida destruida”.
Bolivia es uno de los 24 países que suscribió el Convenio de Minamata. Este convenio establece que los Estados deben realizar esfuerzos para eliminar, de forma paulatina, la importación, uso y disposición del mercurio, por su nivel de toxicidad y los impactos que este ocasiona sobre la salud y el medio ambiente.
Sin embargo, el relator de la ONU Marco Orellana afirmó que Bolivia no cumplió con presentar un plan de acción nacional para reducir el uso de ese metal.