Desde la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) indicaron que no habrá excepción por el paro cívico en el pago de facturas de luz. Explicaron que durante la protesta de 2019 tuvieron que recurrir a la banca para solicitar préstamos y cumplir sus obligaciones financieras, asumiendo los intereses correspondientes sin afectar el bolsillo de sus asociados y usuarios.
Así, desde el departamento de comunicación de la CRE indicaron que cuando se dieron los conflictos sociales y la pandemia, la cooperativa cruceña, en ambas oportunidades, hizo el esfuerzo de diferir los cobros por la electricidad entregada a sus consumidores y no realizó cortes del servicio ni aplicó ninguna multa por mora, según un comunicado enviado por al cooperativa a EL DEBER.
«Asumimos la falta de pago de las facturas por el consumo eléctrico y se elaboraron planes de pago en función de las necesidades de los usuarios, evidenciando de esta manera la alta sensibilidad social del modelo cooperativo», destacó el vocero Amilkar Jaldín.
El ejecutivo mencionó que debieron recurrir a la banca para solicitar préstamos y cumplir sus obligaciones financieras, asumiendo los intereses correspondientes sin afectar el bolsillo de sus asociados y usuarios.
Asimismo, manifestó que la institución al ser regulada por el Estado tiene una doble fiscalización. «Como distribuidora nos fiscaliza la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN y como cooperativa la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas, Afcoop», concluyó.
No hay excepción, ni demoras
El sector eléctrico en Bolivia es una industria regulada por el Estado y está conformado por empresas de generación, transmisión y distribución. Entre ellas, se realizan transacciones de energía y potencia eléctrica que deben ser pagadas mensualmente. No hay excepción ni demoras porque se aplican cargos y multas a la distribuidora que no pague en máximo 30 días, después de emitida la factura correspondiente, según indicó el experto de la Cámara Boliviana de Electricidad, Jorge Choque.
«Por eso, en el caso de Santa Cruz, la CRE está obligada a pagar el consumo total de Santa Cruz, pese al paro cívico sea indefinido, aseguró el también experto en regulación tarifaria y tasas.
En este sentido, explicó que las empresas de generación producen la electricidad en las distintas centrales de generación en base a gas natural, agua, sol y viento, entre otras fuentes y las empresas de transmisión transportan esta electricidad hasta los centros de consumo que son las ciudades y poblaciones donde operan las empresas de distribución.
En el caso de Santa Cruz de la Sierra y poblaciones vecinas como Montero, Warnes, Cotoca, y La Guardia, entre otras, la distribuidora responsable de hacer llegar el fluido eléctrico hasta el consumidor final es la CRE que compra mensualmente la energía y potencia que requiere la población domiciliaria, industrias y negocios cruceños, detalló Choque, que también es docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
La población de Santa Cruz está afectada por el paro cívico, que determinó el cabildo del pasado 30 de septiembre y lo lidera el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. El paro se inició el 22 de octubre de 2022 y continúa sin vislumbrarse una fecha de conclusión, lo que impide que las actividades de la ciudadanía sean llevadas a cabo de manera regular.
«En este contexto, es necesario recordar que en años anteriores, cuando se realizaron paros cívicos o inició la pandemia por coronavirus, las empresas de generación que producen la electricidad que demanda Santa Cruz y las empresas de transmisión que transportan la misma, cobraron la energía generada y transportada a CRE. Es decir, no hubo ningún cambio en las transacciones en cuanto a una cierta tolerancia en las fechas de pago de las facturas», advirtió Choque.