Este miércoles se cumplen 33 días desde el inicio del paro indefinido en Santa Cruz en demanda de que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023. Poco más de un mes con jornadas de violencia y acusaciones cruzadas, que elevaron la tensión en el departamento oriental.
Pero cuando las propuestas de ley son debatidas en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, empiezan a surgir voces que apuntan a que es momento de poner fin a la medida de presión. Una de ellas es la del empresario Samuel Doria Medina, quien considera que el continuar con el paro beneficia “a los radicales”.
“Ha llegado un momento que el paro indefinido en Santa Cruz perjudica a todos. Ya se ha logrado gran parte de los objetivos. Persistir en el paro sólo beneficia a los radicales de ambas partes y perjudica a la gran mayoría. Cuarto intermedio en la lucha por el Censo”, publicó en sus redes sociales.
Por su parte, Evo Morales, que siempre se manifestó en contra de la protesta cruceña, ahora pidió que se aprueben medidas para paliar el daño a los damnificados.
“Es urgente que se aprueben medidas de emergencia para ayudar a nuestros hermanos microempresarios, gremialistas y emprendedores, especialmente de la ciudad de Santa Cruz que son perjudicados por el paro provocado por los cambios en la fechas del censo y sus resultados”, escribió.
En la pasada jornada, el segundo vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, indicó que el paro indefinido se mantiene en vista de que el oficialismo no muestra “voluntad política” para aprobar la Ley del Censo.
“Es lamentable que el MAS siga con sus artimañas. Por algo hemos llegado a esta instancia porque el pueblo necesita algo escrito, ya que no confiamos en su palabra y no la cumplen”, manifestó.
Hasta junio de este año, el Gobierno daba por hecho la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en noviembre de 2022. Después de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) postergó el evento estadístico hasta 2024, argumentando problemas técnicos.
Hace unas semanas, el presidente Luis Arce decretó que la encuesta poblacional se realice el 23 de marzo de 2024. El Gobierno garantizó, sin embargo, que los datos serán remitidos en septiembre de ese año para lograr la redistribución de recursos y escaños.