Expertos y analistas aseguran que desde el oficialismo intentan destruir la estructura económica y política de Santa Cruz. Provocan tensión con la ocupación de tierras y de espacios públicos. Desde el Ejecutivo acusan a Camacho y a Calvo
El conflicto y la polarización política ya son cotidianos en Santa Cruz. Analistas políticos coinciden en que la ocupación violenta de tierras urbanas y rurales, así como la toma por la fuerza de espacios públicos en la capital forman parte de una estrategia del Gobierno y del MAS para destruir la estructura de poder económico y político demostrado por el departamento durante los 36 días de paro cívico, que buscaba la oportuna realización del Censo.
En ese aspecto coinciden, por separado analistas y expertos en resolución de conflictos ante la tensión que se produce con los comerciantes ambulantes denominados “mañaneros” que utilizan métodos violentos para asentarse en el cuarto anillo, en los alrededores de la Feria Barrio Lindo; con el grupo organizado que ocupan ilegalmente unos terrenos en la zona del parque regional Lomas de Arena y de las personas armadas que ingresaron hace dos semanas en una propiedad agropecuaria ubicada en Guarayos.
El conflicto es visto con otra óptica desde La Paz. El sábado, el vocero presidencial, Jorge Richter, acusó al gobernador Luis Fernando Camacho y al cívico Rómulo Calvo por el conflicto. Ayer, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, llegó a Santa Cruz para reunirse con diferentes sectores y para instruir los operativos policiales donde corresponda; asegura que actuará con todo el peso de la ley y en el marco de la Constitución.
En Santa Cruz la situación tiene otros puntos de vista. A decir de Gustavo Pedraza, experto en Resolución de Conflictos, el problema se debe a que “el Gobierno quiere seguir acosando a la estructura de poder de Santa Cruz. No ha logrado doblegar a los cruceños y, por lo tanto, seguirá atacando”, dijo en Influyentes de EL DEBER Radio.
“¿Qué sucede cuando el estado no reacciona? La gente se moviliza en las calles. El Estado no funciona como tal porque está tomado por el partido”, señaló el experto. Mencionó que Santa Cruz de la Sierra fue el núcleo del conflicto durante los 36 días de paro y los “mañaneros”, así como las personas que ocupan el predio en las Lomas de Arena fueron parte activa en este conflicto.
Los comerciantes participaron de la marcha del 10 de noviembre en la que hubo agresión a personas que estaban en los puntos de bloqueos, se produjo la quema de la sede de la Federación de Campesinos y la toma de la COD. Por otro lado, la ocupación de las tierras en los alrededores de la refinería de Palmasola ocurrió el día después del denominado “cabildo del pueblo”, del 21 de octubre, que también coincide con la toma de las instalaciones de YPFB, desde donde se distribuye el combustible a la ciudad y provincias. Según las denuncias públicas, los afines al MAS contaban con el apoyo de la Policía.
«No hay frontera entre el Estado y el partido, atacan al departamento a través del Ministerio Público y de la Policía”, señaló Pedraza.
La declaración del experto coincidió con la visita que cumplió ayer el fiscal departamental, Roger Mariaca, la primera desde que estalló el conflicto hace más de una semana. El fiscal se comprometió con los propietarios del predio ocupado a solicitar apoyo de la Policía para que garanticen la seguridad de las personas y de la propiedad.
A su vez, el abogado constitucionalista y analista político Paul Antonio Coca aseguró que existe “violencia de Estado contra Santa Cruz” por una cuestión de revancha.
