El hallazgo de una cámara espía en la celda del gobernador Luis Fernando Camacho sigue siendo una incógnita. Por un lado, el director del penal de Chonchocoro, Franz Laura, alista un informe y encara una investigación administrativa de las visitas registradas en el recinto penitenciario y en el área médica donde se encuentra la autoridad departamental.
Por otro, el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, sospecha que la cámara ingresó y salió de forma “irregular” por omisiones en los controles de entrada y por la “prioridad” que se habría dado a los familiares y conocidos de Camacho.
“Hemos solicitado un informe e investigación de todos los que han ingresado a esta área: personal civil, policial e incluidas visitas que ingresaron al centro penitenciario. Vamos a tener la información porque hubo momentos, (en los que) aprovechando que habían conflictos afuera del centro penitenciario por organizaciones y colectivos, (que) hemos permitido que ingresen movilidades hasta la Gobernación para evitar cualquier tipo de agresión, precautelando a la familia, a los hijos y a los mismos abogados”, sostuvo el funcionario.
Sobre las visitas a Camacho, mencionó que se dieron bastantes concesiones, como el permiso a Fátima Jordán para que permanezca junto a su esposo las 24 horas, además que se les dejaba ingresar a otros visitantes sin hacer fila para evitar reclamos. Enfatizó que hicieron los máximos esfuerzos por precautelar su salud a riesgo de recibir reclamos de otros presos por las desigualdades.
Limpias considera que quizás cometieron un error al priorizar a las visitas de Camacho, ya que en muchas ocasiones “no han entrado por el conducto regular y tenemos la sospecha, también, de que en estos momentos, que no han seguido los conductos regulares, se haya aprovechado de estas situaciones (para el posible ingreso de la cámara). Nos hace creer que el ingreso y salida de la cámara no ha sido regular”.
Adelantó que habrá sanciones por la falta de controles en los ingresos de personas y automóviles, pero primero se agotarán las instancias administrativas internas, antes de que el caso pase a manos del Ministerio Público.
El jueves, la defensa de Camacho denunció el hallazgo de una cámara espía ubicada en la pared de la puerta del baño, que recién fue construida. En ese momento, anunciaron la presentación de una demanda penal porque consideraron que se violaron los derechos a la privacidad y a la dignidad de su defendido y de su esposa que se quedaba en la celda. Sin embargo, la Policía se negó a recibir la acusación para investigar este caso.
“La cámara oculta marca Dahua HAC-HUM3201B-P, utilizada en la celda del gobernador cuenta con tecnología que capta audio y, además, graba imágenes por largos periodos de tiempo, incluso en situaciones adversas dónde la luz es inexistente”, refiere el comunicado emitido por el equipo de comunicación del gobernador.
Al momento de la denuncia del descubrimiento de la cámara espía, según Limpias, solicitaron la presencia de personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) para que inicien con las verificaciones. Pero, ambas instancias negaron que haya una cámara y cableado.
Régimen Penitenciario ratificó ayer su versión de que no se encontró evidencias de una cámara ni cableado en el área médica destinada al gobernador cruceño y, por lo tanto, rechazó las denuncias de espionaje que alarmó a más de un político.
Resaltó que el gobernador cruceño no habría querido entregar el material encontrado mediante un acta, incluso cuando la Defensoría del Pueblo y personal del IITCUP estaban presentes. Además, manifestó que su abogado Martín Camacho sacó la cámara de forma irregular y sin revisión de los policías.
Para Iván Lima, ministro de Justicia y Transparencia Institucional, se deben investigar las dos versiones del caso denunciado, tanto por la defensa de Camacho que refiere la instalación de la cámara escondida por el Ministerio de Gobierno, como las acusaciones de Régimen Penitenciario que apuntan a posibles allegados del gobernador.
“Estoy planteando dos hipótesis y esto se dilucida en un debido proceso, en una investigación, y lo que hay que hacer es facilitar la información para que la justicia actúe”, afirmó.
La autoridad gubernamental dijo que no hay pruebas de que la cámara hubiera sido instalada por Régimen Penitenciario, pero además dijo que tampoco fue entregada en el penal, sino fuera de él, con lo que en su criterio la defensa de Camacho “dañó su caso”.
En ese entendido, reiteró que “la investigación de estas dos hipótesis, la que plantean los abogados de Camacho y la que plantea Régimen Penitenciario deben dilucidarse en un debido proceso. Lo que resta y deberíamos esperar es el trabajo de la Fiscalía, la Policía, el Órgano Judicial, el juez que controlará este proceso, y tendremos una decisión definitiva”.
Sobre el rechazo a la denuncia presentada por los abogados de Camacho ante la Policía, dijo que la forma de presentar una denuncia es por ventanilla y sin necesidad de “hacer un circo”, recurriendo a la prensa, por lo que les pidió usar un “tono ético”. Agregó que no existe alguna intencionalidad de entorpecer su trabajo.
“La manera de presentar una denuncia es muy fácil y sencilla, se presenta ante una ventanilla. Si los abogados de Camacho quieren hacer un circo, con gritos y amenazas, ellos han sido los que han causado un problema y no hubo un problema de la institucionalidad pública ni al momento de recibir la denuncia ni en otro momento. Creo que hay que pedir un poco de tranquilidad y que cumplan el procedimiento”, concluyó.
Efraín Suárez, asesor de la Gobernación de Santa Cruz, detalló que el equipo jurídico acudirá a la Defensoría de la Mujer y de la Niñez porque en la celda del gobernador no solo se habrían filmado a su esposa, sino a su hijo menor de 13 años. “Están preparando las acciones legales para defender los derechos constitucionales y humanos del gobernador, de su esposa e hijos”, resaltó.
Mencionó que el gobernador fue informado por otros presos sobre la instalación de cámaras y micrófonos durante el acondicionamiento de la celda que había despertado la desconfianza del gobernador.