El expresidente Carlos Mesa (2003-2005) denunció persecución política en su contra de parte del gobierno del presidente Luis Arce en el caso de una denuncia por presunta difamación de David Moscoso.
El Gobierno y el Ministerio de Justicia están “en convivencia” con David Moscoso, otrora acusado de por falsificación, declaró este lunes en conferencia de prensa.
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Mesa dijo que el hombre presentó en su contra y del diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón un juicio penal por injurias, difamación y calumnias.
Relató que Moscoso es socio de la empresa Non Metallic Minerals S. A. y anteriormente falsificó un documento y un acta de fundación de su empresa para permitir un juicio internacional contra Bolivia.
“El autor de la falsificación que terminó en la entrega de la increíble suma de 42,6 millones de dólares a una empresa pirata chilena (Non Metallic Minerals) es quien nos abre un juicio a los dos por esos delitos”, detalló.
Acusación
La acusación señala que ambos acusaron de falsificador a Moscoso, a pesar de que éste reconoció la falsificación de documentos y conseguir un juicio abreviado a fin de evitar una pena mayor.
Ese juicio abreviado se desarrolló el 14 de agosto de 2009 y condenó a Moscoso como autor de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
“El falsificador condenado por falsificación, que reconoció su falsificación, nos acusa a nosotros de haberle dicho falsificador”, cuestionó Mesa.
Para reforzar sus argumentos, el expresidente presentó un video del 5 de agosto de 2018, en el que el entonces ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo ante la Asamblea Legislativa:
“Se consigue sentencia contra David Moscoso. El 14 de agosto de 2009, un juzgado paceño declara a Moscoso Ruiz autor del ilícito de uso de instrumento falsificado, falsedad ideológica y lo condena a dos años de cárcel. No se cumplió porque se acogió al perdón judicial”.
“No conozco que (Moscoso) le haya abierto un juicio por difamación y calumnia a Héctor Arce; lo hace con nosotros porque es una tramoya organizada por el gobierno del Luis Arce y operada por el ministro de Justicia (Iván Lima) para disfrazar la persecución política con un acto de querella privada en contra de los dos”, insistió.
Respuesta
Mesa persistió con que se trata de una persecución política; sin embargo, dijo: “Nosotros no nos victimizamos, no nos vamos a quedar quietitos; denunciamos que contrarrestaremos la acusación desvergonzada de David Moscoso”.
Añadió que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló el juicio por falsificación, delito reconocido por Moscoso, y que lo declaró inocente en septiembre de 2021.
“Por esa anulación, Moscoso nos acusa ahora a nosotros en un juicio privado”, explicó.
Juicio
Al respecto, la senadora de CC Andrea Barrientos anunció que su bancada decidió iniciar un juicio de responsabilidades contra los miembros del TSJ por el delito de prevaricato en el caso.
Leyó los nombres de nueve magistrados que serán juzgados.
Según su anuncio, porque “vulneraron el ordenamiento jurídico boliviano y por ser parte del proceso sin pies ni cabeza”.
“Ellos entran en complicidad con la persecución política”, dijo.
Objetivos
Por su parte, Alarcón, abogado de Mesa en el caso Quiborax, indicó que uno de los objetivos que persigue el Gobierno “utilizando este disfraz de acusador privado” es criminalizar la defensa de Mesa en dicho proceso.
Buscan “neutralizar mi rol en la Comisión de Constitución (en la Cámara de Diputados) en el tema de las elecciones judiciales porque el ministro Lima quiere seguir manipulando esas elecciones”, afirmó.
El otro objetivo, de acuerdo a su sospecha, es lograr su expulsión de la Asamblea Legislativa.
Ello porque es uno de los diputados “que le incomodan al Gobierno”.
Mesa finalizó su intervención afirmando que el juicio por Quiborax “es un instrumento de persecución que no nos amedrenta”.
Quiborax
En el marco del caso Quiborax, en septiembre de 2021, la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa aprobó el juicio de responsabilidades contra Mesa.
El juicio busca la sanción por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
En 2004, durante su gobierno, Mesa revirtió las concesiones mineras que tenía Quiborax en el salar de Uyuni.
Luego de ello, la empresa chilena acudió ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y Bolivia perdió el proceso.
En 2018, durante la administración de Evo Morales, el Estado boliviano llegó a pagar $us 42,6 millones de indemnización.