El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció esta mañana que el gobierno del MAS pretende ratificar el cierre del caso Quiborax mediante el Tribunal Constitucional Plurinacional que confirmaría la absolución de David Moscoso, socio de la transnacional NMM-Quiborax que inicialmente fue sentenciado por falsificar un acta que dio origen al juicio ante el tribunal internacional de arbitraje de la CIADI; sin embargo, años después el Tribunal de Justicia liberó de culpa al acusado.
“Tenemos la seguridad de que los jueces del Tribunal Constitucional van a rechazar la demanda contra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, de manera irregular, anuló el juicio de falsificación contra Moscoso. Estas decisiones judiciales garantizarán la impunidad de Moscoso y de sus socios, liberará de responsabilidad a las exautoridades del gobierno de Evo Morales por el cuantioso daño económico al Estado, bloquearán la posibilidad de realizar una investigación imparcial posterior y darán vía libre al juicio por injuria, difamación y calumnia interpuesto en contra mía y de Carlos Alarcón”, expresó en conferencia de prensa.
Según explicó, el gobierno de Arce después de darse cuenta de que la sentencia del TSJ a favor de Moscoso, dejaba abierta la posibilidad de una impugnación en su contra, habría instruido a Germán Taboada, director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización de Empresas, la presentación de un amparo constitucional pidiendo la anulación del fallo del TSJ.
Sin embargo, Mesa considera que la intención es que el TCP rechace el amparo y confirme el fallo absolutorio del TSJ. De ese modo, el caso quedará “blanqueado” y quienes fueron responsables de este escándalo quedarán impunes”, advirtió.
Denuncia complicidad de Morales
El diputado Carlos Alarcón (CC), también acusado por Moscoso de injuria, difamación y calumnia, reveló que las acciones del gobierno del expresidente Morales, tras conocerse el fallo adverso del CIADI, evidencian su decisión de cerrar rápidamente el caso en favor de la empresa NMM-Quiborax.
“En el increíble tiempo de tres días, entre el 5 y el 7 de junio de 2018, el fiscal Edwin Blanco retiró la acusación pública de falsificación contra el chileno Alan Fosk y otros seis socios de NMM-QUIBORAX; la autoridad de Empresas retiró la acusación privada; el Tribunal 4º de sentencia de La Paz cerró y archivó el proceso penal contra los procesados; Evo Morales aprobó el Decreto que autorizó al ministro de Minería a firmar un contrato y pagar a NMM- QUIBORAX; se firmó el contrato mencionado por el DS y se pagó 42,6 millones de dólares
a NMM-QUIBORAX. Nunca se ha visto tanta desesperación y celeridad en un gobierno para asegurar el pago a una empresa privada, tras un proceso lleno de irregularidades y con claros indicios de corrupción”, aseveró el parlamentario.
Bolivia pagó a NMM- Quiborax la suma de 42,6 millones de dólares a partir de un acta que fue falsificada por Moscoso, según la sentencia judicial; sin embargo, el TSJ anuló la sentencia años más tarde por lo que el acusado ahora se querelló contra Mesa y su otrora abogado Carlos Alarcón porque el primero calificó de falsificación lo hecho por el socio de la transnacional.
Mesa iniste en que el juicio abierto por Moscoso tiene la venia de Arce
El ex presidente ratificó su acusación de que el juicio que le inició David Moscoso por injuria, difamación y calumnia, es parte del plan del MAS de persecución política, apelando a una acusación contradictoria y sin ningún sustento legal.
Recordó que el propio David Moscoso admitió haber falsificado, junto a sus socios de NMM- QUIBORAX, el documento que dio inicio al proceso contra Bolivia y recibió una condena de dos años de cárcel por ello. Además, el propio ministro de Justicia de entonces Héctor Arce, en una interpelación en la Asamblea Legislativa, confirmó el delito de Moscoso y el Estado boliviano, ante el CIADI, también lo sostuvo como parte de sus alegatos.
“Es evidente que este juicio espurio es la prueba de la complicidad entre los gobiernos del MAS, el sistema judicial y una empresa depredadora de nuestros recursos naturales, para hacer posible el grave daño económico al Estado de 42,6 millones de dólares pagados a dicha empresa, de la que David Moscoso era socio y de su completa impunidad en este escandaloso caso”, finalizó.
Mañana 10 de febrero se llevará a cabo la audiencia de amparo constitucional interpuesta por la Autoridad de Fiscalización de Empresas contra los Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que declararon culpable a David Moscoso por falsedad ideológica y uso de instrumentos falsificados.