Se abre debate sobre declaración de miembros de la Iglesia por el caso Golpe I

Luego que la Procuraduría del Estado pidió a la Fiscalía citar a miembros de la Iglesia Católica para declarar en calidad de testigos por el caso Golpe de Estado I. Se abrió un debate sobre la pertinencia o no de ese requerimiento judicial.

Autoridades, exfuncionarios del Estado y legisladores emitieron sus criterios sobre la convocatoria a los religiosos. Deben brindar testimonio sobre su participación en la crisis de 2019.

Esos hechos derivaron en el derrocamiento del entonces presidente Evo Morales y la asunción de la senadora opositora Jeanine Áñez como mandataria transitoria del Estado.

En este caso, se investiga a todas las personas que estuvieron involucradas en esa situación, que el oficialismo denominó como “golpe de Estado”.

El procurador Wilfredo Chávez insistió que se pidió citar a cuatro religiosos en calidad de testigos y no como investigados. Además aclaró que esas personas “no tienen fuero”, pues ese beneficio solo lo tiene el jefe de misión que representa al Vaticano.

En ese marco, remarcó que pueden ser citados y deberán brindar su testimonio sobre los hechos de 2019.

Así, se pidió a la Fiscalía citar a exautoridades de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

Debate

Entre ellos están el monseñor Ricardo Centellas Guzmán, en ese entonces vicepresidente de la CEB; Aurelio Pesoa Ribera, quien era secretario general de la CEB; monseñor Giovani Arana, entonces obispo auxiliar de El Alto, y el padre José Fuentes Cano.

El Procurador explicó que deberán declarar sobre los encuentros que sostuvieron con políticos entre el 10 y 11 de noviembre de 2019.

En esos encuentros también participaron representantes de tiendas políticas o de comités cívicos. Además de misiones extranjeras, en la Universidad Católica Boliviana (UCB) de La Paz.

Al respecto, la exdiputada del MAS Susana Rivero criticó a la Procuraduría y dijo que los miembros de la Iglesia Católica “no tienen nada que aportar” en la investigación.

Iglesia

“Tremendo alboroto provocó Procuraduría proponiendo que miembros de Iglesia Católica declaren en un juicio cuando lo que se ha visto estos años es que no tienen nada que aportar. Normalmente se proponen testigos que contribuyan a las teorías de caso, no para lograr titulares” (sic), escribió en su Twitter.

Rivero consideró que la Iglesia tiene una posición política, pues en las “homilías arremeten dando línea contra el Gobierno”, y están a lado de “grupos conservadores”, “por eso mismo no tienen nada que aportar”, enfatizó.

En tanto, desde la CEB afirmaron que todo lo ocurrido en 2019 está plasmado en una publicación de acceso libre y que incluso fue enviada al Vaticano y reiteró que los obispos cuentan con fuero.

“No es la primera vez que se solicita información a la Iglesia y es por ello que se tomó la previsión de hacer una memoria detallada de lo sucedido y los participantes, para que los hechos no se pierdan y la verdad quede plasmada”, dijo la asesora legal de la CEB, Susana Inch.

Por su parte, el arzobispo emérito de Sucre, Jesús Juárez, llamó a dejar la “cantaleta” de que en Bolivia hubo un “golpe de Estado” y aseguró que en realidad se registró un “fraude electoral”.

Golpe

Al respecto, la exdefensora del Pueblo y actual viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, afirmó que los prelados fueron parte del golpe y cuestionó su complicidad con los hechos violentos en esa oportunidad.

“Lejos de la palabra de Dios asumen justificación de masacres y ejecuciones. Dónde quedo su «apolitización»?? Ellos fueron parte del Golpe y cómplices de los asesinatos en contra de población civil. @Pontifex_es” (sic), escribió en su cuenta de Twitter.

En tanto, el senador “evista” Leonardo Loza (MAS) demandó que algunos obispos sean procesados, pues según él “avalaron el golpe de Estado” en 2019.

Miembros

“No estoy conforme con que los jerarcas de la Iglesia Católica solo sean convocados para declarar y ser testigos; estos señores tienen que ser, como cualquier otra persona, procesados penalmente”, enfatizó.

Por su parte, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, dijo que la Procuraduría dijo que la Iglesia ya se pronunció en su momento y minimizó la importancia de convocar a sus miembros.

“La versión de la Iglesia ya fue dada en un documento, entonces qué más te va a decir la Iglesia, es un documento público (…). Para que nos estamos perdiendo en esos temas”, afirmó.

SourceLa Razón

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