Cinco días después de la aprobación de la Ley de Ausencia Temporal en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, finalmente este jueves 9 de marzo el gobernador Luis Fernando Camacho promulgó la norma que le permite seguir ejerciendo su cargo desde el penal de Chonchocoro, en La Paz.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, pidieron que se respete la institucionalidad y que se termine con esta polémica.
La ley fue llevada hasta Chonchocoro por el asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, para que el gobernador la firme. Al salir del penal, el funcionario conversó con los medios de comunicación y aseguró que lo único que falta para que la norma entre en vigencia es que sea publicada en la Gaceta Oficial.
Explicó que esta ley especifica en qué casos concretos el vicegobernador Mario Aguilera asumiría el mando de la Gobernación cruceña. Dijo que esto podría ocurrir solo si la primera autoridad sufre de una enfermedad grave que le impida ejercer su cargo, cuando se encuentre fuera del país o por licencia por motivos personales.
La norma fue aprobada el sábado pasado en sus estaciones en grande y detalle con los 11 votos de la alianza Creemos, del gobernador Luis Fernando Camacho, además del respaldo de la Alianza Solidaria Popular (ASIP) y de cinco escaños indígenas. Los 11 legisladores del MAS rechazaron el proyecto normativo en un debate que se prolongó por más de cinco horas.
Camacho se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro desde el 30 de diciembre del año pasado. Por esta situación, los asambleístas del MAS habían solicitado que el vicegobernador Mario Aguilera tome el mando de la Gobernación.
En la semana, ni el asesor ni los abogados de Camacho pudieron ingresar al penal para meter la ley. Finalmente, el jueves, ‘día de visita’, lograron su cometido.
El MAS insistió en que el vicegobernador Mario Aguilera asuma interinamente ante la ausencia de Camacho, lo que abrió un debate que, incluso, llegó a instancias legales, porque el partido azul presentó un recurso ante la justicia, que resolvió que era la Asamblea Departamental la que debía pronunciarse al respecto, y así lo hizo con la norma.
El presidente del Comité Cívico, Fernando Larach, en una entrevista con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, comentó que “en relación a esta polémica, este dilema que se ha armado siempre hemos sido específicos, quien debe resolver la sucesión al no estar claro el estatuto es la Asamblea Legislativa Departamental, que la vueltearon, no se debió llevar al extremo de acudir a los estrados judiciales para que una acción de cumplimiento tenga que rectificar lo que estaba claro. Esto debió resolverse como se hizo de entrada”.
Consideró como “una falta de respeto los dimes y diretes que se están dando. La autoridad electa es el vicegobernador, los funcionarios merecen respeto a la autoridad. Todo lo demás está de sobra en comentarios, no merece más opiniones. Esperemos que con esta ley quede zanjada la polémica y que los legisladores hayan actuado de acuerdo a norma, aunque no conocemos su contenido para emitir criterio legal. La miraremos bien cuando la publiquen. Todo lo demás sobra, la autoridad debe ser respetada”, manifestó.
El rector Vicente Cuéllar hizo una analogía con el centro de estudios que dirige y pidió respeto a la institucionalidad. “Tenemos un rector y un vicerrector, los dos fueron elegidos por voto directo y secreto”. Relató que estuvo ausente 10 días por un viaje a México “¿y qué pasó en ese tiempo? Al viajar saqué una resolución rectoral nombrándolo rector interino al vicerrector, porque así lo establece nuestra normativa”.
Señaló que no conoce muy bien qué dice el Estatuto Autonómico, “pero si hacemos una analogía debería pasar exactamente lo mismo que en la universidad. No se trata de favorecer al MAS o al menos, de repente hay que reconocer que esa persona es el segundo hombre de la Gobernación, con los mismos derechos y obligaciones y que debería asumir con todas las prerrogativas. Nosotros mismos nos disparamos en el pie. Hablamos de que debemos respetar la institucionalidad, pero le ponemos un montón de piedras en el camino para incumplir nuestra normativa. Me evito más comentarios, pero veo que es una mala señal. Debemos ser respetuosos de la institucionalidad”.
Mientras tanto, avanza el caso conocido como “decretazo”, en el que se acusa a Camacho de emitir una norma en la que dejaba a uno de sus secretarios como gobernador interino en lugar de Aguilera durante un viaje. La Fiscalía apura que la imputación en la que pide otros seis meses de detención en Palmasola, se espera que un juez fije la audiencia virtual o presencial, y en ese caso, tendrá que armarse un esquema para su traslado a esa ciudad, pero es poco probable que eso ocurra.
Testigos
El gobernador Camacho solicitará a través de sus abogados que Evo Morales, Álvaro García Linera, Carlos Romero, entre otras exautoridades y actuales ministros, declaren como testigos del caso Golpe I. En este, la primera autoridad del departamento está acusado de terrorismo
Martín Camacho, abogado del gobernador, explicó que “se propondrá testigos importantes, que son autoridades del gobierno del 2019, que prestaron declaraciones justo antes de que Luis Fernando se traslade a La Paz ese año. Por eso lo ofrecemos como testigos, entre ellos están ministros, exministros, el expresidente Evo Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, el exministro Carlos Romero quien garantizó la llegada de Luis Fernando Camacho a La Paz en aquella época”.
Para el jurista la declaración de estas autoridades son claves para demostrar la inocencia del gobernador cruceño, que está detenido preventivamente en Chonchocoro desde el 30 de diciembre del 2022.