A Luis Arce lo presionan desde su propio partido y desde sectores sociales en movilización. Son al menos cuatro conflictos que meten presión al Gobierno en inicio de semana. Los maestros anunciaron bloqueos, marchas y un paro; el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) llamó a un paro de 72 horas a partir de hoy; campesinos y ala ‘evista’ mantienes el cierre de vías en Potosí; y transportistas siguen con el bloqueo en Yapacaní, acción que cierra el paso a Santa Cruz desde el occidente.
Desde el Gobierno apuntan a intereses políticos tras las movilizaciones. Ayer los ministros de Educación, Édgar Pary; de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina; y de Obras Públicas, Édgar Montaño, coincidieron en que detrás de las protestas se escudan movimientos políticos con intereses económicos. También hablaron de grupos paramilitares y de movilizados de su propio partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Las protestas están activas en La Paz, Potosí y Santa Cruz. Estas movilizaciones incluyen marchas, huelgas de hambre, bloqueos y tomas de instituciones. Los sectores movilizados advirtieron con radicalizar sus medidas desde hoy.
En Potosí existen dos focos tensión. Comcipo determinó un paro de actividades de 72 horas a partir de hoy. La presidenta de esta entidad cívica, Roxana Graz, confirmó ayer la medida de presión exigiendo la inmediata aprobación del proyecto de ley del litio.
Graz y otros dirigentes instalaron una huelga de hambre la semana pasada en instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin haber logrado sus objetivos, los cívicos decidieron regresar a la Villa Imperial para asumir otras medidas de presión. Una de ellas el paro de 72 horas.
“Se determinó convocar al paro de 72 horas a partir de mañana. Esto es un ultimátum al Gobierno central para que en el transcurso de los siguientes días pueda aprobar la ley de recursos evaporíticos, tanto en el Congreso como ser promulgada por el presidente Luis Arce”, declaró Graz.
Comcipo también exige la renuncia del alcalde de Potosí, Jhonny Llally; el gobernador de Potosí, Johnny Mamani, y la fiscal departamental, Roxana Choque.
En enero de este año, Comcipo presentó un proyecto de ley en el que plantea un esquema de regalías desde el 11% hasta el 20% por la explotación del litio. La iniciativa establece que ambos porcentajes están en función a los criterios de rentabilidad del negocio de ese metal y los precios promedio en el mercado mundial.
Acusan a Comcipo
Para el ministro Franklin Molina el paro de 72 horas convocado por Comcipo busca perjudicar el proceso de industrialización y el desarrollo del departamento. La autoridad del Ejecutivo consideró que la medida se trata de un “acto antidemocrático”.
“Pero qué curioso, ¿no? que justo en este momento esté pasando todo esto. Nosotros, sin duda, vamos a ser parte de las consultas correspondientes al Órgano Ejecutivo desde el punto de vista técnico, económico y la viabilidad de estos proyectos de ley, que entiendo deben seguir un conducto regular”, dijo Molina ayer en los medios estatales.
El ministro Montaño fue más allá. La autoridad aseguró que detrás de este movimiento está Creemos, ya que el secretario de Movilización de la entidad cívica es Ricardo Ramos, quien fue candidato de la alianza de Camacho en las elecciones de 2020.
“Vemos una fotografía de partidarios de Creemos y lo diré con nombre y apellido, fue el candidato de Creemos, el señor Ricardo Ramos, acá está la fotografía haciendo campaña con el logo (de Creemos). Ellos están detrás de estas movilizaciones y sabemos qué persigue el partido político del señor (Luis Fernando) Camacho”, afirmó Montaño, también en entrevista con medios del Estado.
En Potosí también existe otra movilización. En varios puntos del departamento potosino, organizaciones campesinas instalaron puntos de bloqueo exigiendo obras para la región y también incluyen el tema del litio. El ministro Montaño identificó a funcionarios de la Gobernación de Potosí que, según el ala renovadora, responde al bando radical del MAS por la cercanía del gobernador Johnny Mamani con Evo Morales.
“Los mensajes que me han llegado refieren, efectivamente, a que se han distribuido algunos funcionarios (de la Gobernación de Potosí) para ir a bloquear algunos sectores. Con toda seguridad le llegará a la prensa quiénes fueron los funcionarios que han ido a bloquear. Acá estamos viendo un ataque para que la población piense que nuestro Gobierno abandonó a Potosí”, dijo Montaño.
Según un reporte actualizado del conflicto, en Potosí existían hasta ayer tres puntos de bloqueo. La Terminal de Buses de la Villa Imperial identificó bloqueos en las carreteras Potosí-Oruro; Potosí-Sucre; y Potosí-Villazón.
La madrugada del 9 de marzo, un grupo de campesinos afines a Evo Morales tomó la planta de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) en la localidad de Llipi, que está en la población de Río Grande, provincia Sur Lípez de Potosí.
Conflicto con los maestros
Otro conflicto latente es con los maestros. La pasada semana este sector retornó a sus regiones con las manos vacías. El dirigente de los maestros urbanos, Ludwin Salazar, ratificó que el magisterio “sigue en pie de lucha” y que a partir de hoy radicalizarán sus medidas hasta conseguir sus demandas. El 15 de marzo habrá una marcha acompañada de un bloqueo nacional y cierre de fronteras.
El ministro de Educación aseguró que las movilizaciones de los maestros urbanos tienen vinculación con la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista, ya que una de las dirigentes de los profesores fue líder -dijo- de las “motoqueras” en Cochabamba. La autoridad refiere que existe la intención de “convulsionar el país como se hizo en 2019”.
“Tenemos la presencia de colegas de los diferentes departamentos y particularmente de Santa Cruz y Cochabamba. De Cochabamba, lamentablemente, hay una compañera que ha sido la líder de las motoqueras, (ahora es) la dirigente de la Federación Departamental Urbana de Cochabamba. Ella está encabezando el movimiento”, acusó Pary.
Otro frente de conflicto está en el norte integrado de Santa Cruz, donde desde el pasado jueves se instaló un bloqueo en el municipio de Yapacaní en la carretera hacia Cochabamba. Los manifestantes exigen el asfaltado de 30 kilómetros de vía. Ayer, los movilizados determinaron un nuevo cuarto intermedio en su medida hasta que pase el último motorizado varado. Sin embargo, la medida se retomará cuando no hay vehículos afectados.