Hasta febrero de este año, según un monitoreo satelital de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), se contabilizaban aproximadamente 350 hectáreas las deforestadas dentro del Área Protegida Municipal (APM) Bajo Paraguá, en San Ignacio de Velasco.
Sin embargo, a pesar de las constantes denuncias de los originarios, legisladores y organizaciones ambientales, el avasallamiento y el desmonte no se detienen.
Una nueva revisión satelital este mes indica que, solo en lo que va de marzo, ya se tumbaron más de 15 ha adicionales de monte.
Ante esta situación, los días 3 y 4 de marzo se reunieron los cabildos indígenas de las comunidades Florida, Piso Firme, Porvenir y Picaflor, de la TCO (Tierra Comunitaria de Origen) del Bajo Paraguá, y que también son los custodios del área protegida Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
De ese encuentro salió un voto resolutivo, en el que lamentaron el abandono y desinterés de las autoridades llamadas por ley, aludiendo directamente al Ejecutivo municipal de San Ignacio de Velasco, y argumentando que el Comité de Gestión de esa área protegida municipal ya hizo las diligencias correspondientes para que las autoridades actúen.
Por último, dieron un ultimátum al alcalde Ruddy Dorado. Le dieron un plazo de 20 días, a partir del 4 de marzo, para que se frenen los desmontes y avasallamientos.
“En caso de que no se cumpla con la determinación, y con el apoyo de otras organizaciones indígenas, haremos una toma pacífica de la Alcaldía, hasta que se nos atienda, y de una vez por todas se nos dé solución a este problema”, dice el documento, y finaliza con otra advertencia, de que las medidas de presión continuarán hasta que los derechos sean respetados.
El voto fue firmado por una veintena de dirigentes de las comunidades participantes.
En respuesta al anuncio, Ruddy Dorado dijo en un medio local que “los avasallamientos son en todos lados. Desde que estamos aquí, lo que hemos hecho es evitar, hemos tenido dos o tres que los hemos sabido manejar y controlar. Ahora, tenemos que cumplir la ley, que ver con muchas instituciones, y esto no pasa por una persona, por un alcalde, ahorita en esas comunidades hay un comité, un presidente, y nosotros somos parte de ese directorio”, dijo.
En San Ignacio de Velasco, desde 2021 hasta la fecha, hay dos importantes avasallamientos y desmontes sin soluciones concretas, una es la del área protegida Bajo Paraguá, donde los deforestadores solo van a tumbar la vegetación, quemar, y cultivar, pero desaparecen; y la del aeropuerto antiguo, Juan Cochamanidis, donde se han edificado casas de todo tipo, que a pesar de las órdenes de paralización, no han sido derrumbadas, como manda la norma, según denunció el concejal de Creemos, Cristian Méndez.
Notificados por la ABT
Hace varios meses que la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT) inició procesos a los deforestadores de Bajo Paraguá, pero se desconocen las sanciones finales a los infractores.
Según un informe de la Unidad Operativa de la ABT en San Ignacio de Velasco, firmado por Franz Agapito Valdez Irahola, se identificó como responsables de desmontes a pobladores de 15 de Octubre y Los Cedros, a las que se iniciaron procesos sumarios administrativos. Posteriormente, también se identificó a personas de las supuestas comunidades Villa Verde y Nueva Generación, que fueron notificadas.
Silencio total
Ante la falta de respuestas de los distintos niveles, la diputada chiquitana de Creemos, María René Álvarez, pidió que se convoque a una mesa interinstitucional para dar solución al tema, en la que participen Gobernación, Alcaldía, Comité Cívico y asambleístas de San Ignacio, Comité de Gestión, INRA y ABT.