A partir de la caída de las reservas internacionales y sus efectos sobre el tipo de cambio, se ha desencadenado un amplio debate político que, directa o indirectamente, involucra al modelo. Para unos, el MESCP atraviesa dificultades momentáneas debidas a la crisis global; para otros, la estabilidad macroeconómica –considerada una de las mayores virtudes del modelo, está en riesgo por los persistentes déficits fiscales en los que la importación de hidrocarburos tiene creciente incidencia; un tercer grupo afirma que el modelo fue exitoso hasta 2015 y que, desde entonces, muestra crecientes signos de agotamiento en varios frentes; por último, hay quienes consideran que el MESCP nunca fue un modelo de desarrollo, sino un conjunto de promesas e ideas inconexas que hoy enfrenta sus contradicciones.
Los debates sobre estas posiciones –si los hubiera, se desarrollan a nivel político y académico sin participación real de la ciudadanía: si hay que cambiar el modelo, ¿en qué dirección y con qué prioridades debería ser el cambio? Pero, especialmente, ¿cómo afectaría a la “economía de la gente” que el modelo se mantenga o se lo cambie? Estas son preguntas directamente vinculadas al bienestar de las personas y de sus familias pero que, tradicionalmente, siempre han estado relegadas a intereses políticos que incluso doblegan al razonamiento académico.
La realidad objetiva, es que al menos desde hace 75 años, Bolivia ha oscilado pendularmente entre democracias y autocracias, en lo político, y, en lo económico, desde un capitalismo de estado secante al neoliberalismo friedmaniano, a intentos de economía social de mercado o al socialismo del Siglo XXI; habiendo vivido todas esas experiencias, lo concreto es que estamos entre las tres o cuatro sociedades más pobres de América Latina. La causa no puede ser ni la falta de recursos –tenemos un privilegiado acervo de recursos naturales, ni la incapacidad de nuestra gente, que normalmente triunfa y se destaca cuando sale de Bolivia. En consecuencia, es altamente probable de nuestro atraso se deba, en general, a las malas políticas aplicadas por la incompetencia de los gobernantes ante la ausencia de una visión social compartida sobre el desarrollo.
La serie de notas que iniciamos con la presente, aspira a incorporar a “la gente de a pie” a la reflexión sobre estos temas. Para ello, partiremos esbozando un diagnóstico coherente de la realidad vigente en diez ámbitos asociados a la “calidad social” de la economía; con base en datos oficiales y de las tendencias que estos datos muestran desde 1990, estableceremos los efectos concretos que el MESCP –como modelo alternativo al neoliberal, puede haber tenido sobre el bienestar de las familias bolivianas.
El diagnóstico será la base para perfilar los lineamientos de una propuesta estructural centrada en una economía “de y para la gente”; la serie concluirá enumerando, nominativamente, los principales hitos de una ruta crítica que permita transitar hacia esa economía.
Esperamos que las evidencias contribuyan a que las personas de a pie ¡cuán deseable sería que también los políticos!, tomen conciencia sobre la importancia de un diagnóstico realista como la base para participar activamente en la identificación de las prioridades y en la elección de las opciones de política más congruentes con los objetivos: las decisiones sobre políticas de desarrollo son demasiado importantes para dejarlas solo a los políticos.
Diez temas que muestran la “calidad social” de la economía
En relación a la economía, la atención de la academia y del “discurso–contradiscurso” entre los políticos, gira alrededor de indicadores macro como la tasa de crecimiento, déficit fiscal, reservas internacionales, tipo de cambio, inflación, etc., bajo los supuestos derivados de las teorías económicas dominantes. Estas teorías asumen que existen relaciones directas entre, por ejemplo, el crecimiento económico y el bienestar de las personas; que el equilibrio fiscal es determinante para la estabilidad macroeconómica; que una baja inflación garantiza el poder adquisitivo del salario; que la financiarización es la condición necesaria para que germine el emprendedurismo; etc.
La realidad es que, en los últimos setenta años, por la fijación de los sucesivos gobiernos en estos temas, han descuidado valorar los efectos sociales de las políticas económicas –comunes en esencia a pesar de ser aplicadas bajo argumentos discursivos opuestos ideológicamente. El efecto concreto, es que Bolivia pasó de estar en el promedio de América Latina en indicadores como el ingreso por persona, o en la incidencia del hambre y de la subnutrición en 1950, a los últimos lugares en la actualidad.
Para valorar la “calidad social de la economía”, revisaremos diez temas sobre los que no se debate –pero que se debería, con el fin de construir una “economía de y para la gente”:
1. Si el “milagro boliviano” es tal, ¿por qué nos mantenemos a la cola de América Latina?
2. Estructuralmente, los asalariados en la economía formal han sido los más negativamente afectados en la distribución de los ingresos.
3. La economía creció por el sector externo (mayores importaciones y exportaciones), más que por el consumo de la producción nacional.
4. Sectorialmente, los sectores que más crecieron son los que menos deberían crecer.
5. El crecimiento es desigual y episódico, tanto territorial como sectorialmente.
6. Bolivia es el líder mundial de informalidad laboral y precariedad del empleo.
7. El estado “quita más recursos” a las personas de los que distribuye en bonos.
8. La gran reducción de la pobreza moderada y extrema es “de escritorio”, porque castiga la educación, la formalidad y el valor agregado.
9. El manejo fiscal-impositivo es un fuerte incentivo a la informalidad, y la causa más directa de la reducción del consumo productivo interno y de su capacidad de crear empleo digno.
10. La financiarización ha tenido muy poco impacto directo en la diversificación productiva; benefició al sistema financiero, pero con el aumento del endeudamiento y la reducción del ahorro de los hogares.
¿El “milagro boliviano” es real?
Para aproximarnos a una respuesta, necesitamos establecer primero cuál es el tamaño relativo de nuestra economía en relación, cuando menos, a nuestros vecinos más cercanos. El PIB mide el valor monetario del total de los bienes y servicios finales (los que llegan al consumidor final) producidos por un país en un año. Por ejemplo, el PIB boliviano es de unos 40 mil millones de dólares, mientras que el de Brasil es de 2 millones de millones de dólares (50 veces mayor). En América del Sur, cinco economías tienen PIB que supera los 250 mil millones: Brasil, Argentina, Colombia y Chile; Venezuela estaba en este grupo hasta su colapso a partir de 2014-15.
Para apreciar mejor el comportamiento relativo de nuestra economía, nos comparamos con las economías vecinas cuyo PIB es menos de 5 veces superior al nuestro: Ecuador, Perú, Paraguay y Uruguay. Si tomamos como referencia el año 2005-06, el tamaño de nuestra economía permitió igualar a la paraguaya; la del Ecuador aumentó hasta 2014, nivel que mantiene hasta ahora; Perú, entre 2005 y 2015, aumentó claramente el tamaño de su economía con una desaceleración relativa después; finalmente, la economía uruguaya, que en el 2000 tenía el tamaño que hoy tiene la boliviana, ha superado los 200 mil millones de dólares.
Concluimos que, respecto al tamaño relativo de las economías, no hay evidencia de un milagro que, de haber ocurrido, debería expresarse en un importante acortamiento de las distancias con nuestros vecinos
Si el valor del PIB se divide entre la cantidad de ciudadanos que existen en el país, se obtiene el PIB por habitante (PIB per cápita, PIBpc). Este indicador es una aproximación gruesa al efecto que tiene, en las personas, el aumento del tamaño de la economía.
En 1945 el PIB por habitante de Bolivia era prácticamente igual al promedio de América Latina; hacia el año 2005, había caído a menos del 25% del promedio latinoamericano. Desde 2006, se evidencia un aumento generalizado del PIBpc en la región hasta 2014; el de Bolivia –junto a Paraguay y Uruguay, se multiplicó por 3,5 veces, mientras que el de América Latina en conjunto solo se duplicó por la fuerte caída del PIBpc en las grandes economías regionales (la tendencia del PIBpc de América Latina, Brasil y Argentina se muestran en la figura en líneas punteadas).
En consecuencia, si bien el PIBpc de Bolivia en 2020 ha mantenido las brechas con Paraguay y Uruguay que tenía en 2006, desde 2016 redujo la brecha con el PIBpc promedio de América Latina, pero no tanto por mérito propio, como por desgracias ajenas.
La calidad social del crecimiento
Esta última observación nos lleva a considerar los aspectos cualitativos que se esconden detrás de los números fríos. Como veremos en posteriores notas, más importante que la magnitud del crecimiento de las economías, es su calidad en términos de las contribuciones de ese crecimiento al bienestar de las personas, ahora, y sobre todo para las generaciones futuras.
Un primer dato muy significativo, es la contribución relativa de las actividades extractivas al crecimiento de la economía: en la economía boliviana, desde 2006, la explotación de minas y canteras es el mayor aporte relativo en toda Latinoamérica; es el doble que en Perú o Panamá, dos y media veces más que en Nicaragua y 10 veces o más que en el resto de las economías regionales.
Puntualmente, aunque podemos comparar nuestra economía con las del Paraguay o del Uruguay en términos numéricos, la calidad social del desempeño económico de estos vecinos es muy superior a la de nuestra economía: la contribución del extractivismo a esas economías es absolutamente nula, mientras que, en Bolivia, la explotación de minas y canteras significa un impresionante pasivo ambiental –y patrimonial: el crecimiento desde 2006, ha quitado a nuestros hijos y nietos por lo menos 14 TCF de gas (trillones de pies cúbicos), varios cientos de toneladas de oro, la quema de unos 15 millones de Has de bosque, y la contaminación de aguas en ríos y acuíferos en el altiplano, los valles y el trópico.
En síntesis, si la mirada está puesta en el futuro de nuestros hijos y nietos, el desempeño de nuestra economía desde 2006 no califica como milagro: equivale a que una empresa monetice su patrimonio para aumentar su gasto corriente. No es sostenible.