La calificadora internacional Fitch Ratings presentó un informe lapidario de la economía boliviana. Primero, disminuyó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y moneda local de Bolivia de “B” a “B-”. Segundo, pasó la perspectiva de la calificación de Estable a Negativa. Tercero, reveló el uso de los Derechos Especiales de Giro (DEG). Cuarto, reportó la caída de las reservas de gas. Quinto, identificó los riesgos políticos, entre otros aspectos negativos.
“La rebaja de la calificación de Bolivia de ‘B’ a ‘B-’ refleja el agotamiento de sus reservas de liquidez externa, lo que, a la luz de una vinculación monetaria, ha aumentado en gran medida la incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos”, dice el reporte de la calificadora internacional.
Luego agrega que la continua caída de las reservas internacionales a niveles bajos “las ha vuelto vulnerables al riesgo de un shock de confianza, que se ha materializado en las últimas semanas”. “Se ha perdido el acceso al mercado de bonos externos y no hay perspectivas concretas de apoyo a gran escala de los acreedores oficiales”.
Perspectiva negativa
La rebaja de la calificación refleja, según la calificadora, el agotamiento de sus reservas de liquidez externa. “Ha aumentado, en gran medida, la incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos”. Señala que la calificación de B- “refleja una mayor incertidumbre en torno a la capacidad de las autoridades para gestionar esta situación, así como en torno a su gravedad dado el retraso continuo en la publicación de los datos de reservas internacionales”.
Por otra parte, el servicio comercial externo a corto plazo “sigue siendo su principal fortaleza de calificación, lo que respalda la capacidad de pago de estas obligaciones, pero incluso esto podría cuestionarse en medio de una disponibilidad de divisas decreciente e incierta”.
Uso de las DEG
El informe da cuenta que Bolivia “recientemente” obtuvo 300 millones de dólares de los Derechos Especiales de Giro (DEG). Esta es una unidad de cuenta que utiliza el FMI para expresar los recursos que cuenta y son similares a las UFV que mantienen su valor en el tiempo.
Gabriel Espinoza, exdirector del BCB, dijo que cada país miembro puede intercambiarlo por dólares para tener liquidez y advirtió que el gobierno de Jeanine Añez hizo lo mismo. “En aquel momento, el FMI asignó 327 millones de dólares y en ese momento el MAS dijo que era (un recurso) condicionado. Dijeron que representaba un costo financiero del Estado y que requería de una ley. Al parecer su posición cambió en 2023 y el Gobierno no recurrió a una ley”.
Presión externa
Para Fitch Ratings, la posición externa de Bolivia “se ha deteriorado drásticamente en la última década como resultado de las políticas expansivas y la caída de la producción nacional de hidrocarburos”, lo que ha convertido al país en un importador neto de energía al reducir las exportaciones y aumentar las necesidades de importación.
Fitch estima que la cuenta corriente volvió a un déficit del 0,6% del PIB en 2022 desde un superávit del 2,1% en 2021 y proyecta un mayor deterioro en 2023. Los grandes “errores y omisiones” (más del 3% del PIB) probablemente capturen la actividad de contrabando, lo que indica una posición externa “aún más débil”. Las entradas de IED bajas y a veces negativas (que indican desinversión neta), otras salidas de capital y la dependencia soberana del financiamiento del Banco Central (BCB) sobre el endeudamiento externo se han sumado a las presiones externas. Estas presiones se han intensificado en 2023, ya que el malestar social ha complicado algunas exportaciones y la demanda de divisas se ha disparado en medio de la creciente preocupación por su disponibilidad.
Sin embargo, la calificadora internacional destaca que el servicio comercial externo a corto plazo especialmente bajo de Bolivia sigue siendo su principal fortaleza de calificación, lo que respalda la capacidad de pago de estas obligaciones, pero incluso esto podría cuestionarse en medio de una disponibilidad de divisas decreciente e incierta.
Riesgos políticos
“La inestabilidad política resurgió el año pasado, lo que perjudicó la actividad económica y aumentó la incertidumbre en torno a la capacidad de las autoridades para manejar una situación económica frágil”, señala el informe. Agrega que las tensiones entre la administración de Arce y Santa Cruz, un bastión de la oposición y el motor económico de Bolivia, provocaron trastornos económicos. “Las tensiones dentro del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y con grupos sociales también aumentan la incertidumbre política, ya que han obstaculizado la aprobación de la ‘ley del oro’”.
También observan los bonos y el desequilibrio fiscal
Fitch Ratings estima que la deuda del Gobierno general se estabilizó en el 66% del PIB en 2022 y la deuda total del NFPS (incluidas las empresas estatales) en el 80%.
“La deuda es superior a la mediana ‘B’ del 57%, pero consiste principalmente en préstamos multilaterales y del Banco Central en condiciones concesionarias, lo que respalda una relación de interés/ingresos particularmente baja del 5%. Los bonos externos suman solo $us 2.000 millones (menos del 5% del PIB) e implican un servicio de deuda de $us 300 millones en 2023”, explica el informe.
Si bien éstos son montos bajos, la capacidad y disposición del soberano para pagarlos podría verse cuestionada si las reservas internacionales continúan disminuyendo, concluye Fitch.
El déficit fiscal del sector público cayó al 7,1% del PIB en 2022, recuperando su nivel previo a la pandemia, pero las autoridades no apuntan a una mayor reducción. “La caída de la producción de gas continúa pesando sobre los ingresos, y el gasto corriente sigue aumentando, principalmente debido a los costosos subsidios a los combustibles”.