Hasta el lunes, el MAS frenó y planteó modificaciones a tres proyectos de ley considerados “atentatorios” contra la libertad de expresión, la protesta social y la Ley de Imprenta. Sin embargo, las decisiones legislativas y gubernamentales no lograron evitar las movilizaciones que iniciaron este martes en todo el país, ya que los sectores sociales piden el archivo total de las normas y la derogación de tres decretos.
Los anteproyectos de ley cuestionados son: el 280 sobre lucha contra el lavado de dinero; el 304 sobre uso “indebido” de redes sociales que fue retirado la anterior semana por el diputado proyectista Juan José Huanca, y el 305 “de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.
Sobre el último, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados anunció que retirará “in extenso” el artículo 281 que afecta al rubro periodístico y que vulnera la Ley de Imprenta al imponer una pena carcelaria de tres a siete años contra las personas que difundan por cualquier medio “ideas basadas en la superioridad racial”.
“Reiteramos la firme defensa de los derechos humanos, en ese sentido la supresión del Artículo 281 In Extenso del Proyecto de Ley 305/2023, ante el diálogo y coincidencia con los diferentes sectores y, de esta manera, atender con prontitud las sugerencias comunes, siendo respetuosos de los derechos y garantías constitucionales vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia”, señala el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos difundido ayer por la diputada presidenta de Comisión, Magaly Gómez (MAS).
La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, confirmó que el proyecto de ley 305 continuará en su fase de divulgación para después iniciar su tratamiento. Ratificó que la intención del Gobierno “nunca ha sido afectar la libertad de expresión”.
Las asociaciones departamentales y nacionales de periodistas saludaron la decisión legislativa de anular el artículo “mordaza”, pero anunciaron que se mantendrán en estado de alerta hasta que la determinación sea enviada por escrito a la prensa.
“Nosotros saludamos el anuncio, pero mantenemos el estado de emergencia por cuanto no hemos recibido la resolución del pleno de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”, enfatizó la presidenta de la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes.
Aclaró que en la reunión que sostuvieron la semana pasada, junto con diputados y autoridades del Ejecutivo, les explicaron que debían llegar a consensos entre los miembros de la Comisión antes de tomar una determinación. A la fecha, no se programó sesión ni se trató el asunto.
Los comunicadores, antes de conocer el anuncio del MAS sobre el proyecto 305, también solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacer un análisis de “compatibilidad” del artículo 281 y de la Ley 045 con los estándares internacionales sobre derechos humanos.
El segundo proyecto observado es el de “fortalecimiento a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas” que plantea elevar la pena por terrorismo de 20 a 25 años de prisión y que, según los sectores sociales y opositores, “criminaliza” la protesta social.
El dirigente nacional de los gremiales Rodolfo Mancilla, cercano al MAS, informó que el proceso de divulgación y explicación de los alcances del proyecto por parte del Ejecutivo avanzó en El Alto y que continuó ayer en La Paz. Sin embargo, la postura de este sector coincide con la de los opositores que piden el archivo de la norma.
“Hubo una molestia del sector transporte y gremiales porque se quiere criminalizar y prohibir las movilizaciones y llevarlos detenidos entre a 20 y 25 años. Y se habla de decomisos, hemos estado en contra. Se ha planteado que si bien van a perseguir al narcotráfico y terroristas, ellos no creo que vayan a marchar. Nosotros hemos rechazado y planteamos que lo tengan archivado de manera indefinida y que no se toque”, aseguró el dirigente y confirmó a este medio que no protestarán esta jornada.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ratificó que el proyecto de ley 280 no está en tratamiento en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y estará “paralizado” hasta que se termine el proceso de difusión. Acusó al gremial alteño Antonio Siñani de desinformar e incluso de defender los interese de “grandes contrabandistas”.
Antes de la llegada del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), el Gobierno insistió que el proyecto en cuestión era para cumplir las recomendaciones de este organismo internacional y ahora el ministro Montenegro señaló que la norma “no será objeto de la evaluación” y que impulsarán las reglamentaciones independientemente de la visita de los expertos.
Gustavo Vega, ejecutivo adjunto del Gafilat, señaló que si bien las evaluaciones tienen que ver con la tipificación del terrorismo, “no es una materia específica de evaluación. Lo que venimos a evaluar es cómo y si el Estado está siendo o puede ser vulnerado para financiar al terrorismo y cómo el Estado boliviano está haciendo para mitigar esos riesgos”, aclaró.
Las protestas de esta jornada no solo pretenden cuestionar los tres proyecto de ley sino buscan anular los Decretos Supremos 4905, 4906 y 4907, referidos a: la asignación presupuestaria de recursos adicionales para la protección de la producción agrícola; el congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con acciones de terrorismo, y que las sociedades comerciales que cuenten con acciones al portador, remitan información a la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), respectivamente.
La marcha en Santa Cruz iniciará a las 8:00. Partirá de la antigua terminal de buses del mercado La Ramada. En La Paz, algunos activistas partirán a las 9:00 desde la avenida Montes.
El Gobierno volvió a considerar que las marchas son un nuevo intento de desestabilización y que responden a intereses políticos y de sectores de la derecha.