Denuncian nuevos asentamientos mineros en el río Amantala, pese al fallo judicial que lo prohíbe

Ha pasado casi un mes desde que el juez agroambiental de Viacha emitió el fallo judicial que ordena el cese de la actividad minera ilegal en la Reserva Nacional del Madidi, especialmente en inmediaciones del río Tuichi, empero, en vez de cumplir dicho mandamiento, hay nuevos asentamientos mineros en proximidades del río Amantala, así lo denunció la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).

“En mi pueblo indígena Uchupiamona no tenemos conocimiento de que se haya tomado alguna acción de cumplimiento a esta resolución del juez de Viacha (…) por el contrario, hay nuevos asentamientos por el río Amantala, un poco más arriba de la desembocadura de las nacientes del río Tuichi, entonces esto sigue avanzando”, informó la coordinadora general del Contiocap, Ruth Alipaz.

El río Amantala está ubicado cerca de la localidad Raquiqui y del pueblo Virgen del Rosario Tuichi en el parque nacional Madidi y, además, forma parte del área núcleo de la reserva que debe ser resguardada. Entre este afluente y el río Laje está ubicado el nuevo asentamiento minero.

“Recibimos este tipo de noticias con bastante preocupación porque en vez de cumplir (el fallo) y desalojar, se están instalando más campamentos mineros”, sostuvo Alipaz. En ese sentido, el pueblo indígena Uchupiamona sigue en “pie de alerta y emergencia” para exigir que ya no ingrese la actividad minera a su territorio.

En tanto, el guardaparque Marcos Uzquiano, a través de sus redes sociales, publicó: “Aparentemente un nuevo campamento minero y nuevos caminos se construyen al interior del Parque Nacional Madidi sin ningún tipo de estudio de evaluación de impacto ambiental, licencia ni autorización del Sernap (Servicio Nacional de Áreas Protegidas). Esta vez en las cabeceras del río Amantala y encuentro con el río Laje en la categoría Parque Nacional”, posteó.

Aseguró que los presuntos infractores son los mismos empresarios que estuvieron hasta hace pocos meses “vulnerando impunemente” la normativa ambiental y de áreas protegidas por el sector denominado Charopampa, en las cabeceras del río Tuichi por el encuentro del río Amantala y Pelechuco, próximo a la comunidad Santa Rosa.

“¿Será que está vez también será necesario tramitar una nueva orden judicial para que las autoridades competentes cumplan sus deberes y funciones poniendo alto a la destrucción y deterioro ambiental del Madidi?”, se pregunta Uzquiano.

Al respecto, los guardaparques, que por cuestiones de seguridad prefirieron no dar su nombre, aseguraron que el nuevo campamento pertenece a un boliviano que ingresó abriendo camino por la comunidad de San Andrés, ya no por la comunidad de Santa Rosa como normalmente solía hacerse. “Posiblemente es la cooperativa de un peluchuquieño, se llama Grover Quispe”, señaló uno de ellos.

Fallo judicial sin resultados

La senadora de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, informó que el fallo judicial para el cese de la actividad minera ilegal aún no se cumple y que la orden que instruye la notificación a uno de los involucrados, es decir a la familia Cuevas, recién salió del Juzgado de La Paz.

“Solamente pueden entrar en vigor las medidas cautelares (emitidas por el Juzgado de Viacha) una vez que se hayan notificado a todas las partes. Entonces, no ha empezado a correr ese plazo hasta ahora. Los únicos que faltan por notificarse son los autores del hecho, los Cuevas, es una familia conocida por ser minera y por tener un control que no se limita por las leyes en Apolo. A todos los demás nos han notificado”, señaló la legisladora.

Lamentó que por este hecho aún no entre en vigor las medidas cautelares que implicaba el apoyo militar para resguardar el Madidi. “Al final (el responsable del retraso) es el sistema judicial que es inoperante, pero en realidad esa inoperancia es cómplice y corrupta, podemos suponer eso”, acoto a tiempo de señalar que a pesar de la indefensión en la que se encuentran continuarán con su lucha en defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.

El vocero de la Contiocap, Alex Villca, explicó que la medida del juez de Viacha sólo alcanza a dos cooperativas mineras, Virgen del Rosario y Asariama Colorado, que realizan sus actividades en la cuenca alta del río Tuichi, sin embargo, en esa región de Apolo hay más de una veintena de cooperativas que extraen oro y contaminan con mercurio las aguas.

“Esta medida en realidad alcanza de manera parcial a las afectaciones que está sufriendo el área protegida Madidi y como tal desde la sociedad civil se tiene que activar otros mecanismos legales jurídicos, probablemente complementarios a esta medida cautelar, para ampliar el alcance de esta medida”, expresó.

Al respecto, el director del Sernap, Teodoro Mamani, señaló que requieren el apoyo del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Gobierno, sin embargo, hasta la fecha se hizo caso omiso a sus solicitudes.

“Nosotros hemos mandado las notas al Ministerio de Gobierno como al Ministerio de Defensa pidiendo el apoyo, para que puedan ingresar a apoyarnos (…) pero aún no nos han respondido”, refirió el director, quien además lamentó la indiferencia de la Gobernación de La Paz y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Asimismo, señaló que en algunas zonas son los mismos comunarios quienes apoyan a los cooperativistas para que ingresen a las áreas protegidas y a los guardaparques les prohíben entrar a esos lugares para controlar. En ese sentido, señaló que las instancias llamadas por ley para frenar estas actividades deben tomar acciones.

“El que tiene que hacer, de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, es la Ajam, tiene que pelear sobre la minería ilegal y no lo hace, hasta ahora nosotros no vemos a ningún funcionario de la AJAM que nos acompañe en la zona de Apolo, no existe, no hay una reacción de parte de la AJAM”, lamentó Mamani y dijo que es necesario el apoyo de la Policía u otras instancias para frenar esta actividad minera.

Página Siete intentó conocer la postura de la AJAM y de los militares para saber qué acciones realizan o realizarán en torno a esta situación, sin embargo, no hubo respuesta.

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