La larga espera por el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el acortamiento de los plazos colocan en riesgo las Elecciones Judiciales que, como establece la Constitución, deben realizarse este año. A este escenario de incertidumbre se suman dos factores que estancan el proceso: el receso legislativo que dura hasta el 31 de julio y las pugnas políticas al interior de la Asamblea que podría impedir la obtención de los dos tercios de votos para elegir las ternas de precandidatos.
“Más allá de esperar el fallo judicial, está clarísimo que este año vemos casi imposible que se lleven adelante las Elecciones Judiciales por los tiempos que establece la Constitución y las normativas; también por lo que implica el proceso previo de inscripción y selección de candidatos; además, por la situación política que se tiene en la Asamblea”, advirtió el diputado de Comunidad Ciudadana Pablo Arízaga.
El legislador considera que el oficialismo provocó estas dudas sobre el proceso electoral, ya que no mostró predisposición para consensuar con la oposición un reglamento que permita elegir a los mejores candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.
Las Elecciones Judiciales están paralizadas desde abril. Los problemas empezaron por la falta de consenso entre las tres fuerzas políticas para aprobar el reglamento de preselección. La situación se agravó con la presentación de amparos que impugnaron los requisitos de la convocatoria.
Aunque se subsanaron las observaciones, un recurso interpuesto por un diputado de Creemos detuvo por completo el proceso y la decisión final está en manos del TCP que dará su veredicto hasta fin de este mes.
Arízaga insistió en que aunque el proceso de preselección llegue a realizarse acortando los plazos, la mayor traba se presentará en la Asamblea Legislativa cuando deban elegirse por dos tercios las listas de candidatos a magistrados que enfrentarán la elección por voto popular.
“De qué sirve tener mayoría para aprobar un reglamento si llegaremos a la etapa de preselección y se requieren los dos tercios. Para nosotros está clarísimo que la situación de la Asamblea no es de las mejores, no solo por la oposición, sino porque hay dos alas en el MAS (arcista y evista) que están en una disputa de poder. No creo que puedan encontrar una salida”, observó el opositor.
Desde la facción ‘arcista’, el diputado Juan José Jáuregui se mostró optimista. Ratificó que una vez conocido el fallo constitucional se reanudará el proceso de preselección tomando en cuenta los elementos que disponga la máxima entidad de control constitucional del país.
En cuanto a los plazos cortos, Jáuregui planteó la posibilidad de reducir los tiempos de la etapa de preselección para garantizar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los 100 días, como manda la Ley Transitoria, para garantizar el proceso de preselección y elección para la conformación del Órgano Judicial.
“Evidentemente los tiempos se van acortando, empero existe la redacción corta. (La ley) establece que la Asamblea podrá contar ‘hasta 60 días’ (para el proceso de preselección) y no necesariamente es el límite, por lo que podríamos con un acuerdo al interior de la Asamblea, reducir estos tiempos sin la necesidad de modificar la normativa”, explicó Jáuregui.
La denominada ley corta señala que la etapa de postulación y preselección tendrá una duración de hasta 60 días calendario. Mientras, la organización y realización de la votación popular contará con una duración de hasta 100 días calendario.
Desde el TSE, el vicepresidente Francisco Vargas informó que en el encuentro de las autoridades electorales, este 13 y 14 de julio en Santa Cruz, se discutirá y analizará el posible calendario electoral.
“Este encuentro servirá para trazar una ruta crítica en torno a los posibles escenarios, toda vez que existe una reducción de días (para las elecciones judiciales) de acuerdo a lo que establece la Ley 1513”, sostuvo la autoridad.
Vargas dijo que es posible que haya una afectación al empadronamiento masivo, a la publicidad de los méritos de los candidatos y a otras actividades preelectorales que podrían afectar la calidad del proceso eleccionario.
Por su lado, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, dijo que la fecha límite para realizar las elecciones es el 3 de diciembre, “porque si es que hay la necesidad de repetir en algunas mesas, debemos esperar 15 días hacia adelante y eso nos permitiría llegar con el cómputo final y la lista de elegidos a tiempo para que puedan posesionarse los primeros días de enero”.
En 2017, el MAS realizó las elecciones el 3 de diciembre también con otra ley corta, que modificó las leyes 025 del Órgano Judicial, 027 del Tribunal Constitucional y 026 del Régimen Electoral. Se redujo entonces el número de integrantes del Consejo de la Magistratura; se incrementó el del TCP a nueve magistrados; se dispuso que el Tribunal Agroambiental esté conformado por cinco magistrados, que se dividieron en dos salas sin que el presidente integre las mismas, y el Tribunal Supremo de Justicia mantuvo su composición de nueve miembros.
En el caso del TCP se pasó de la circunscripción nacional a la departamental para la elección de sus miembros. Finalmente, se amplió de 60 a 90 días el plazo de la fase de preselección de candidatos; se flexibilizó la difusión de méritos de los candidatos y se modificó la papeleta de sufragio.
Para el senador William Tórrez, del MAS, el Tribunal Constitucional dará a conocer su fallo cuando los plazos ya estén vencidos. “El TCP se ha acostumbrado muy mal a ampliar los plazos en todos los casos que pareciera que es de interés particular de ellos, bajo argumentos de que tienen cargas excesivas de trabajo cuando en realidad lo que deberían hacer es cumplir los plazos establecidos en la norma constitucional”, reclamó.
Desde el evismo, el diputado Renán Cabezas anunció que la próxima semana presentará un proyecto para que, a través de una ley transitoria, se designe a autoridades interinas. El oficialista explicó que existe jurisprudencia para que la Asamblea sancione una ley y designe a autoridades interinas del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, mientras el primer poder del Estado retome el camino para elegir por el voto popular a dichas autoridades, como manda la Constitución Política.
Préstamos trabados
Los desacuerdos al interior de la Asamblea no solo representan un obstáculo para las Elecciones Judiciales, sino también para la aprobación de préstamos internacionales. El Gobierno advirtió que los créditos solicitados a Japón e Italia podrían truncarse.
El crédito de Japón es de unos $us 112 millones, con el objeto de apoyo de emergencia a la respuesta de la situación del Covid-19, mientras que el de Italia es de $us 13 millones que serán destinados a un programa de desarrollo del patrimonio cultural y complejos interculturales, productos comunitarios de Cochabamba y Potosí.
El viceministro de Inversión Pública, Marcelo Laura, recalcó que se trata de créditos concesionales, puesto que en el caso de Italia el interés es de 0%, mientras que de Japón es 0,15%, pero haciendo la conversión de yenes a dólares termina siendo negativo.
Laura salió a dar explicaciones luego de que oficialistas y opositores anunciaran que no aprobarán los proyectos de ley porque no tienen un destino claro y temen por el endeudamiento.
La alianza Creemos advirtió que el oficialismo endeudó al país con $us 3.917 millones en menos de tres años del Gobierno de Luis Arce. El senador Henry Montero presentó un detalle de los préstamos adquiridos por el Estado.
Los nuevos préstamos están trabados porque el MAS no cuenta con la mayoría absoluta por la división entre radicales y renovadores. El jefe de bancada del MAS en Diputados, Andrés Flores, admitió que para evitar que un proyecto sea rechazado, previamente cuentan los votos a favor.
Incluso, esta semana la directiva de la Cámara de Diputados no pudo sesionar por falta de apoyo y consenso. Los créditos tendrán que aguardar a ser tratados en agosto cuando regresen del receso legislativo.