El Ministerio Público de Potosí determinó ayer el sobreseimiento a favor del gobernador Jhonny Mamani por el caso de las 41 ambulancias fantasmas. La decisión se basa en un informe de auditoría que elimina toda responsabilidad a la autoridad departamental y establece que no hubo daño económico a la Gobernación potosina.
Legisladores nacionales y departamentales, potosinos de la oposición y el oficialismo, rechazan el favorecimiento del Ministerio Público a Mamani, ven que la Fiscalía no realizó una investigación adecuada, que sólo se basó en una auditoría y sospechan que la determinación es cumpliendo “órdenes de arriba”.
Las fiscales de Materia, Gabriela Quintana López y Magaly Castro Luna, emitieron ayer la resolución de requerimiento de “sobreseimiento de los imputados Jhonny Mamani Gutiérrez, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes en razón a que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación”, dice el documento al que tuvo acceso EL DEBER.
Además de Mamani, el Ministerio Público dejó libre de culpas a los exfuncionarios Luis René Loayza Gallardo, acusado provisionalmente por incumplimiento de deberes; Rubén Moisés Miranda Castro, por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, e incumplimiento de deberes; Ricardo Antonio Rodríguez Serrudo, por incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, y Ramiro Luis Choque Arando, por incumplimiento de deberes y uso de instrumento falsificado.
El 14 de enero de 2022, EL DEBER reveló que la Gobernación de Potosí adquirió, a través del mecanismo de compra directa “calidad, propuesta técnica y costo”, un lote de 41 ambulancias, vehículos que tienen acta de recepción, pero los motorizados nunca llegaron a su destino.
“Auditoria forense”
El requerimiento de sobreseimiento señala que el 26 de mayo de 2023, los auditores forenses Silvestre Flores Castro y Williams Franco Ormachea, ambos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), emitieron el “dictamen pericial en auditoría forense”, informe que concluye en los siguientes términos: “Si bien el proceso de contratación para la adquisición de 41 ambulancias tipo 1 existieron irregularidades, hasta el momento de la anulación del contrato, sin embargo, al no haberse erogado recursos públicos para el pago de las supuestas 41 ambulancias recibidas a criterio de los suscritos peritos no existió perjuicio económico ocasionado a la Gobernación de Potosí”, se lee en el documento.
Por lo tanto, la Fiscalía de Potosí se sostiene en dicho informe y en la documentación recolectada en la etapa investigativa, para dejar sentado que “no se cuenta con los suficientes elementos para establecer que la conducta del servidor Público (Jhonny Oscar Mamani Gutiérrez) resulta ser ilícita y se adecúa al delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”.
Reacciones
El asambleísta departamental Jaime Flores, una de las personas que presentó la denuncia contra Mamani y otros funcionarios, calificó como un “hecho nefasto” que marca una jurisprudencia negativa dentro del Ministerio Público y la administración de justicia.
“Ante tanta prueba no podemos admitir cómo se ha procedido a sobreseer al señor gobernador de Potosí. Han sido un año y seis meses de pérdida de tiempo. Lo que ha ocurrido es una respuesta a una petición política de liberar de culpa al gobernador de Potosí”, dijo Flores.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Abelardo Colque, dijo a EL DEBER que “desde un inicio la Fiscalía siempre se ha parcializado” a favor de Mamani “y ha trabajado en coordinación con la Gobernación”, y lo único que resulta de todo esto es que la población desconfíe más de la justicia.
El diputado potosino Juan José Torrez, de Comunidad Ciudadana, observó que la Fiscalía se base en “una simple auditoría” para liberar de culpa a Mamani. “Esto pasa con la justicia que tenemos en Bolivia que está en poder del Ejecutivo. Muchos son intocables”, señaló a EL DEBER.