La administración del presidente Luis Arce tendrá que esperar para disponer de los Bs 5.421 millones del presupuesto adicional que se proyectó para cerrar el año fiscal 2023. Este plan de gastos fue presentado hace más de dos meses a la Asamblea Legislativa para su validación legal y esos recursos están prácticamente bloqueados entre el Senado y la Cámara de Diputados, donde las sesiones ordinarias de la legislatura 2022-23 están prácticamente agotadas.
El proyecto normativo, aprobado en la Cámara de Diputados el 8 de octubre, fue rebotado de la Comisión de Planificación del Senado. En términos formales, este presupuesto “fue aprobado con observaciones” que deberán ser atendidas, en un plazo de 20 días, por la Cámara de Diputados.
Estas observaciones, junto con los ajustes solicitados desde el Senado, no fueron tratados ayer en esa entidad legislativa que tuvo su última sesión ordinaria de este año. La clausura oficial del periodo 2022-2023 se cumplirá entre el 30 y 31 de octubre, pero sólo será un acto formal de cierre que dará pie a la renovación de las presidencias del Senado y de la Cámara de Diputados. Ese proceso será complejo por la pelea interna del MAS por el control de la sigla.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, exteriorizó ayer su molestia porque la aprobación del presupuesto demorará mucho más. “En este momento no lo pueden hacer, porque este trámite está dilatado en el tiempo. Por más que quieran, aún hay un proceso que se tiene que cumplir para la aprobación de esta norma”, protestó.
La autoridad dijo que la Comisión de Planificación “le hizo un daño muy grande a la economía nacional”. Afirmó, en ese sentido, que aún desconoce “el espíritu” de las modificaciones que aplicó la Comisión de Planificación.
“El fenómeno que estamos enfrentando tiene que ver con el tiempo, porque esto ha vuelto a la Cámara de Diputados. ¿Acaso no estamos viendo las necesidades que hay? Frente a eso nos damos el lujo de trabar por triquiñuelas que dilatan el acceso a recursos. Esto no tiene sentido”, declaró la autoridad, quien detalló, por ejemplo, que en el Senado se anularon decretos complementarios para agilizar la contratación de consultorías en las alcaldías y, en ese marco, atender la emergencia climática que vive el país por efecto de los fenómenos del Niño y la Niña que provocaron sequías.
“Cuando las alcaldías puedan utilizar ese dinero ya va a ser tarde”, subrayó la autoridad sobre los plazos para poder destinar y disponer de los recursos económicos.
Según el proyecto normativo, se proyecta un presupuesto adicional para la administración estatal de Bs 5.421 millones, de ese monto, se prevé destinar Bs 868 millones a los gobiernos municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las nueve gobernaciones del país. “Es apenas el 13% para las regiones, “dijo Quispe, quien rechazó las explicaciones del Ministro de Economía.
De acuerdo con las previsiones, la aprobación de este proyecto de ley se tendrá que retomar con la nueva directiva de la Asamblea, que se configurará entre el 1 y 8 de noviembre, según anticipó el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado. Tras este procedimiento, el Legislativo debe reorganizar sus comisiones y el presupuesto reformulado de 2023 se tratará recién en diciembre.
La senadora Simona Quispe, de la facción evista del MAS, cuestionó el proyecto que presentó el Gobierno a través del Ministerio de Economía. Se quejó porque los detalles de la norma le fueron entregados sin el tiempo necesario para poder hacer los análisis. Dijo que el documento llegó a Diputados el 17 de agosto de donde salió aprobado el 8 de octubre. “El 12 de este mes hemos recibido el proyecto de ley y hemos priorizado su tratamiento”, afirmó tras rechazar que se los acuse de cometer “un sabotaje” como lo mencionó el propio ministro Montenegro.
“Teníamos solo siete días para revisar. No tenía informe técnico ni los requerimientos de las universidades ni los municipios. Faltando horas para el plazo nos entregan detalles, pero no sabemos qué requerimientos hicieron los municipios y gobernaciones” dijo.
Pero la observación más recurrente tiene que ver con la “la excesiva” asignación de dinero en favor la burocracia estatal frente a los requerimientos de gobernaciones, alcaldías y universidades del sistema público. “¿Por qué no les dan más a los municipios? Porque ellos necesitan para enfrentar la crisis del agua y con el apagón de los incendios”, afirmó.
“¿Por qué se está loqueando el Ministro (Montenegro); nos está gritando, porque ellos, los del Órgano Ejecutivo, el gasto corriente es el más afectado”, señaló Quispe.
El presidente Luis Arce llevó esta falta de liquidez a la sesión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) que sesionó el miércoles. De hecho, entre las resoluciones se mencionó esta queja por la falta de aprobación del presupuesto.
“Tenemos que lamentar que no ha habido el suficiente acompañamiento de nuestra Asamblea Legislativa en la aprobación de leyes que nos hubieran permitido ser mucho más agiles y poder satisfacer con mayor prontitud las numerosas demandas que hoy empezamos a recibir de diferentes municipios, cuando se van declarando en emergencia por el tema del agua”, reclamó Luis Arce.
Ayer, la Asamblea de la Alteñidad se movilizó hasta el Legislativo. Protestó por la falta de dinero para ejecutar recursos frente a la emergencia climática. Juan Saucedo, de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, señaló que “son más de 100 proyectos que estaban comprometidos” con el presupuesto reformulado que está estancado en la Asamblea. Estos dirigentes se reunieron ayer con el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, quien les dijo el escenario político actual.
La tensión en la Asamblea Legislativa por el Presupuesto estalló una semana de la renovación de las presidencias. Además, el presidente Arce deberá entregar su informe anual en esa entidad.
Bs 1.280 MM del PGE 2023 Reformulado estan en el limbo
Juan Carlos Salinas Cortez
Fue aprobado en el Senado, pero con observaciones. El Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023 debe volver a ser tratado por la Cámara de Diputados. Del monto global, unos Bs 1.285 millones, deben ser destinados a gobernaciones, municipios y universidades públicas, pero quedaron en el limbo y no hay la certeza de cuándo podrán ser desembolsados.
Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, explicó que hay Bs 39 millones para las gobernaciones, Bs 370 millones más para las universidades y Bs 876 millones para los municipios que no se podrán destinar debido a estas dilaciones en el Legislativo.
Montenegro, durante el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, lamentó que el Senado haya aprobado con observaciones el PGE Reformulado 2023, a tiempo de remarcar que el supremo interés es que los actores que dinamizan la economía, tengan los recursos.
“Si hay estas diferencias, deberían soslayarse y sobreponerse a los intereses del país. Entonces, ha quedado claro que no les interesa el país. No hay argumentos de fondo para haber rechazado todo el proyecto de ley”, subrayó Montenegro.
Orlando Saucedo, secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, sostuvo que la demora en la aprobación del PGE Reformulado es un gran problema para municipios y gobernaciones, “pues en caso de que recibamos un recurso extra, la tardanza nos afecta, ya que no podremos ejecutar tomando en cuenta que un proceso de licitación tarda 90 días”, observó Saucedo y lamentó que por este tipo de peleas políticas (en el MAS) no hay un normal desembolso de recursos
Sobre el tema, Montenegro hizo notar que las observaciones del Senado son “excusas de forma, como el no haber mandado información a la comisión. En todo caso, si yo coloco información extra, dirán: ¿por qué está colocando información extra?’ Nos acusan con mentiras, con falsos argumentos. Estamos preocupados por este sabotaje económico desde la Cámara de Senadores, que se ha perpetuado con la aprobación, pero con modificaciones”, indicó.
Al respecto, el director ejecutivo de la Federación de Asociación de Municipios (FAM) Bolivia, Rodrigo Puerta, señaló que retrasar aún más la aprobación de esta norma genera mucho perjuicio a las alcaldías porque necesitan de esos recursos económicos para atender los desastres naturales en 140 municipios del país.
“Es un tremendo perjuicio a los gobiernos municipales del país porque necesitamos esos recursos no mañana, hoy, para poder enfrentar los desastres naturales”, declaró Puerta.
Precisó que en la actualidad 140 municipios se declararon en desastre natural por efectos de la sequía y en algunos casos por incendios forestales; por lo tanto, no cuentan con recursos económicos para poder atender estas emergencias que afectan a la población.
“Si bien los senadores presentan algunas observaciones, hay que poner por encima el bien mayor que en este momento es que el Estado en su conjunto debe atender la emergencia y los desastres naturales”, reflexionó.
En cuanto al PGE 2024, la autoridad señaló que la industrialización, la parte productiva para sustituir importaciones, la infraestructura, salud y educación, serán los ejes fundamentales que se utilizará en la formulación del presupuesto de la próxima gestión, que “ya se encuentra listo, y que es el presidente quien envía a la Asamblea para su análisis. Nosotros simplemente hacemos la formulación”, precisó el ministro Montenegro.
Germán Molina, analista económico, sostuvo que la división en el MAS, afecta la situación financiera de las regiones que deben reformular sus gastos.