En medio de vítores y aplausos, el presidente del Estado, Luis Arce, promulgó la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, por $us 5.421 millones adicionales, que es sinónimo de que “estamos mejorando la economía”, aseguró el primer mandatario, a tiempo de anunciar que las gobernaciones, alcaldías y universidades tienen hasta el 20 de diciembre para cerrar sus gastos.
Arce aprovechó su discurso para acusar a los legisladores que pusieron trabas a la aprobación de la ley y agradeció a los alcaldes que se trasladaron hasta la ciudad de La Paz, para presionar por la aprobación.
“Se han dado cuenta (los alcaldes) quiénes están boicoteando (…). Quieren demostrar que no hay obras y no hay gestión, dicen que son dueños del modelo y no saben cómo funciona el modelo económico”, aseveró, a tiempo de mencionar que existen proyectos paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Arce entregó la ley al vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Pedro Dorado, quien también acusó un afán desestabilizador contra el Gobierno y el estado de derecho. “Algunos masistas se han puesto a favor de los golpistas y a favor de sus verdugos”, acusó el también alcalde de San Miguel de Velasco.
De acuerdo con el análisis de economistas y expertos, del PGE reformulado, Bs 868 millones corresponden a los gobiernos municipales, Bs 353 millones a las universidades públicas y Bs 39 millones a las gobernaciones, sumando un total de Bs 1.260 millones, mientras que Bs 4.161 millones están destinados para el Gobierno central, el TGN y sus entidades dependientes.
El economista Fernando Romero indicó que al 31 de diciembre la ejecución del PGE podría llegar al 75% en el mejor de los casos y la ejecución de la inversión pública estaría en el orden del 50%, mientras el déficit fiscal estaría cerrando con un 7,5%.
Daños colaterales
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, indicó que se han causado “daños colaterales” a la economía boliviana al aprobar el PGE reformulado sin las dos disposiciones de las siete que el Gobierno se había incluido en el proyecto de ley. La sexta disposición hablaba de “mejorar el ejercicio de la supervisión consolidada de grupos financieros” y la séptima, de “mejorar la transparencia y la lucha contra las ganancias ilícitas a favor de las personas y empresas que denuncien con pruebas este delito.
Las disposiciones fueron retiradas del proyecto ante la presión de legisladores que consideraron que se trataba de imponer un control político sobre la sociedad civil y grupos económicos.