La Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) se encuentra inmersa en una profunda división política, reflejo de la división interna que hay en el Movimiento al Socialismo (MAS) a nivel nacional. La tensión nuevamente ha vuelto a salir a flote, producto de proyectos de viviendas que el Gobierno nacional pretende ejecutar en Tarija, de la cual la directiva arcista busca protagonismo y es objeto de crítica de las bases.
Cabe mencionar que esta polarización se manifiesta en dos corrientes claramente definidas: los seguidores del expresidente y líder del MAS, Evo Morales, conocidos como «evistas», y aquellos que respaldan al actual presidente, Luis Arce, denominados «arcistas».
Como resultado de esta decisión ideológica, la FSUCCT presenta dos directivas que reflejan las diferentes lealtades políticas dentro de la organización. Esta situación ha generado un escenario complejo en el que las facciones rivales buscan influencia y protagonismo.
El pasado martes, la ciudad de Tarija fue testigo de la llegada de autoridades de la Agencia Estatal de Vivienda (AE), quienes se presentaron con la finalidad de socializar un proyecto de construcción de 500 nuevas viviendas destinadas a las familias campesinas del departamento.
En este contexto, la dirigencia campesina afín al bloque arcista, encabezada por el dirigente Andrés Meriles, ha destacado las gestiones realizadas en colaboración con el Gobierno para impulsar el proyecto en beneficio de las familias campesinas tarijeñas. Meriles resaltó la participación de representantes de cinco provincias de Tarija en el evento de socialización, subrayando la contribución de estas iniciativas para unificar un sector campesino que previamente se encontraba dividido.
Sin embargo, la aparente armonía se vio eclipsada el miércoles cuando dirigentes campesinos, vinculados en algún momento con el bloque evista, se congregaron en la plaza principal de Tarija para cuestionar las acciones de Meriles y Francisco Gutiérrez. Estos últimos, miembros de la facción arcista, han asumido la representación y liderazgo en la socialización del proyecto de las 500 viviendas.
Pascual Díaz, ejecutivo de la central de campesinos de Yunchará y representante del bloque evista, desafió la legitimidad de Meriles y Gutiérrez dentro de la FSUCCT. Díaz acusó a estos dirigentes de generar división en las comunidades campesinas al elaborar «listas» de beneficiarios que, según él, son manipuladas y carecen de legitimidad.
Díaz afirmó que el proyecto de las viviendas ya había sido planificado durante la gestión 2020, como parte del Plan Operativo Anual (POA) para los siguientes cinco años. Según sus declaraciones, la ejecución de estas viviendas debe seguir un proceso orgánico, definiendo los beneficiarios de manera consensuada entre las centrales y subcentrales campesinas.