La Veeduría Ciudadana detectó 13 deficiencias en el proceso de preselección judicial de postulantes a altas autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), entre las que se cuentan vacíos en la normativa y procedimientos hasta insuficiente compromiso de las universidades y colegios de profesionales, que elaboraron las preguntas para las pruebas orales.
La Veeduría Ciudadana fue acreditada el 23 de febrero de este año y siguió el desarrollo de la preselección de candidatos a las altas cortes del país en todas sus etapas, desde el 17 de febrero hasta el 26 de julio.
De acuerdo con el informe final de esta organización, que consta de 30 páginas, al que accedióVisión 360, una de las falencias del proceso tiene que ver con transparencia y publicidad, en la que se establece que no existió la posibilidad de acceder a la información completa del proceso.
Otra se refiere a la equidad e igualdad, en cuyo punto la veeduría establece que se ha verificado un tratamiento dispar a la consideración de las postulaciones.
Sobre el apego a la norma, la organización observa que la Ley 1549 (Transitoria para las elecciones judiciales) está incompleta y que se debe trabajar en señalar aspectos que hacen a las recomendaciones y estándares internacionales que se aplican a estos procesos.
Así también, la garantía de idoneidad y probidad no es un aspecto que ha sido tratado con el cuidado necesario en la convocatoria, ya que no señala aspectos que logren estas cualidades en los postulantes a altos cargos.
Otro aspecto tiene que ver con vacíos en la normativa y los procedimientos, los que incrementaron la discrecionalidad con la que se tomaron decisiones sobre la habilitación y calificación de los postulantes.
La Ley 1549 no prevé la definición de aspectos metodológicos con anterioridad ni el acuerdo en éstos de parte de las comisiones, lo cual genera improvisación, desorganización, confusión.
También señala que el trabajo de las comisiones no fue necesariamente equitativo en las fases del proceso, ya que se advirtió un tratamiento dispar en la consideración de las postulaciones: mayor tiempo a algunos candidatos, aceptación de documentos y certificados en algunos casos y en otros no, posibilidad de elegir un nuevo sobre o bolillo en la fase de preguntas.
La Ley 1549 no prevé el acompañamiento de un equipo asesor experto, «lo que evidencia las pocas posibilidades de los miembros de las comisiones de atender las solicitudes de aclaración o interpretación de las preguntas».
Asimismo, la Ley 1549 no especifica el tipo de apoyo que las universidades o colegios de profesionales deben hacer al proceso, ni señala que éste debería dirigirse a confirmar la idoneidad y probidad de los postulantes, y no solo a confirmar conocimientos teóricos que, además, se supone que los poseen al revisar los documentos de formación y experiencia.
Tampoco la Ley 1549 prevé el uso de la tecnología para hacer más ágil y confiable el proceso. Se podría tomar experiencias de otros países para mejorar el desempeño de las comisiones.
Afirma que las universidades y colegios de profesionales no han demostrado tener el suficiente compromiso para ser parte de un proceso como este, ya que su participación en la elaboración de preguntas mostró, en muchos casos, falta de prolijidad, exigencia, seriedad y nivel académico.
El examen de preguntas escritas y respuestas orales no fue un parámetro eficiente para evaluar la capacidad de los postulantes (idoneidad y probidad), independientemente de si las notas obtenidas fueron altas o bajas.
Afirma que la credibilidad de la preselección de candidatos se ha visto comprometida constantemente tanto por los vacíos normativos y la debilidad institucional que han permitido suspensiones del proceso.
El informe de la veeduría también establece recomendaciones en siete ámbitos. Algunos puntos son: uniformar el desarrollo del trabajo y metodología de ambas comisiones evaluadoras. Implementar una comisión de asesores expertos para apoyar a los postulantes y a los miembros de las comisiones. Desarrollar e implementar políticas para garantizar una mayor participación de mujeres en las postulaciones. Darle solidez a la normativa y procedimientos para garantizar la transparencia.
Este sábado, luego de la aprobación de los informes de las comisiones mixtas de Constitución y la de Justicia Plural se tienen 10 postulantes al Tribunal Agroambiental (TA) que lograron más de 130 puntos que los habilitan a la sesión de Asamblea; hay 17 para el Consejo de la Magistratura (CM); 22 postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); y finalmente 71 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo que hace el total de 120 candidatos.