En la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED, dirigido por la gobernación, se estableció mantener la emergencia por los incendios forestales que azotan Santa Cruz. Entre las conclusiones, se determinó exigir a YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) garantizar el suministro de combustible para las maquinarias y vehículos que se desplazan para atender las emergencias.
Otros de los puntos acordados es la emisión de reportes diarios sobre la situación de los incendios que debe ser transmitida a la opinión pública. Además se solicita a la gobernación garantizar los recursos en base a los requerimientos de los municipios declarados en desastre.
Otro eje acordado es la coordinación con las instituciones nacionales, departamentales, municipales y voluntarios para mejorar la atención de los eventos adversos por intermedio del COED.
También esperan que a través de la cancillería se solicite ayuda a países vecinos, aunque en este punto se requiere una declaratoria nacional de desastre y cuando todas las instancias de gobierno fueron rebasadas en su capacidad.
Además, se solicitará el permiso a Vías Bolivia para movilizar equipo pesado a los municipios que se encuentran declarados en desastre.
El documento conmina y exige al Ministerio Público a proceder de oficio para iniciar los procesos penales por los incendios provocados en todo el departamento.
Otra de las demandas, que se arrastra desde hace varios años es la abrogación de normas que sectores ambientalistas califican de incendiarias por promover las quemas. En esa línea, entre los pedidos a la Asamblea Plurinacional está la abrogación de la ley 741 de 2015, que autoriza el desmonte hasta 20 hectáreas de bosques por persona y la modificación del artículo 206 del Código Penal a efectos de endurecer las penas por delitos medioambientales.