Cuando tomó la palabra el presidente Luis Arce en el salón de la Casa de la Libertad de Sucre habilitado para conmemorar el 199 Aniversario de la proclamación de la Independencia de Bolivia parecía imposible que pudiera levantar la sesión. Todo sonaba repetitivo hasta entonces: La ofrenda a la Pachamama, las quejas de Choquehuanca, los gritos de las barras de oficialismo y oposición jaleando a los suyos y silbando a los autoprorrogados.
El discurso no era una excepción, Arce repasaba rápidamente la historia de las gestas libertarias de Bolivia poniendo a todos sus héroes en una línea de continuidad y pasaba rápidamente a desgranar datos y cifras de su gestión como una letanía repetitiva para contraponerlo con los efectos de la crisis de la pandemia, a la que esta vez culpabilizó más que a la gestión de Jeanine Áñez en 2020.
Cuando ya algunas familias esperaban a los comensales en la mesa y algún que otro diputado empezaba a dar cabezadas somnolientas tras el griterío anterior, Arce sacó la artillería.
Exportaciones
El presidente se comprometió a liberalizar las exportaciones con un plan quinquenal que garantice el mercado interno.
Primero mencionó “diálogo sobre el tipo de cambio fijo”, el mecanismo de control de la inflación que lleva vigente en Bolivia 14 años y sobre el que el MAS, y concretamente Arce, siempre se ha negado a hablar. Todas las antenas se pararon para escuchar el resto del plan: “De manera conjunta con las organizaciones sociales obreras, campesinas e indígenas originarias, desarrollaremos propuestas económicas, prestando especial atención al tipo de cambio, las exportaciones e importaciones” en lo que vino a llamar “Diálogo Nacional por la Economía y la Producción’” y que acompañó con otras medidas: Impulsar el uso de plataformas digitales y criptoactivos respaldados en oro y litio para facilitar transacciones y aliviar el uso del dólar físico; un programa de créditos para jóvenes emprendedores con tasas de interés bajas. Se prevé la creación de 3,200 empleos directos y 1,000 indirectos en los primeros 18 meses que tampoco es demasiado con el 80% de la población viviendo en la informalidad; incentivos fiscales para aumentar la producción de biodiésel. Esto incluirá un arancel cero y beneficios para importación de maquinaria; se reducirá el impuesto de repatriación de utilidades y se aplicará un IVA cero para importaciones de diésel y gasolina, incentivando la reinversión de utilidades y la importación de energéticos y se liberarán las exportaciones con un plan quinquenal de abastecimiento interno para mejorar la productividad y aumentar la llegada de divisas.
En principio y en conjunto supone un tímido paso atrás en el papel central del Gobierno en el control de todos los mecanismos de la economía, aunque fue criticado por “parciales y desestructuradas” por parte de Samuel Doria Medina y también por Evo Morales: “en vez de erradicar la extrema pobreza, se la maquilla; en vez de aumentar la producción le ponen barreras a los productores y en vez de cumplir la Agenda del Bicentenario, nos conducen al retroceso económico”.
Combustibles
Con la atención ya captada, Arce insistió en el asunto de los Hidrocarburos y presentó dos gasolinas liberalizadas y a precios internacionales para comercializarse en el país. Una ya presente, como la Premium Plus, con un nuevo precio de 5,71 bolivianos ayer y otra nueva como la Ultra Premium 100, a 6,71 bolivianos. Por cierto que ya hubo voces que “denunciaron” un incremento del precio de la gasolina tras este anuncio de la liberalización.
El plato fuerte estaba por llegar, pues ya metidos en harina de los combustibles, Arce anunció un referéndum “coincidente con las elecciones judiciales” sobre la continuidad o no del precio fijo de los combustibles, un asunto que se regula por decreto, que el MAS heredó pero del que hizo bandera tras su retirada fallida a finales de 2010, el “gasolinazo”, que supuso la primera gran derrota de gobierno de Evo ante los movimientos sociales.
La oposición ha criticado a Arce por la decisión de llevar este tema a referéndum al considerar que es una medida ineludible – dentro de la ortodoxia económica liberal – y que debería asumir la responsabilidad. Desde el gobierno sin embargo se considera propicio consultar al pueblo para orientar la política económica en una u otra dirección y, en cualquier caso, los analistas consideran que el Gobierno acabará haciendo campaña por la continuidad ante el arraigo de la medida tomada en el gobierno de Bánzer.
El melón del referéndum
Abierto el melón del referéndum, Arce introdujo dos nuevos puntos de consulta que implican una modificación parcial de la Constitución y que por tanto, requieren de una Ley, un aspecto procedimental que se supone está controlado y que no debería acarrear más problemas, aunque algunos advierten que el tema podría convertirse en el enésimo pulso con la Asamblea Plurinacional y un subterfugio para seguir atrasando la elección judicial.
Los dos asuntos tienen que ver con la distribución de escaños de acuerdo a los resultados del censo y una consulta sobre la reelección presidencial de forma continua o discontinua. La redacción de ambas preguntas, en manos de la Asamblea, serán clave.
En el primer caso, se presupone que el objetivo de Arce es aumentar escaños sobre los 130 actuales y así garantizar la preponderancia de Santa Cruz – que el censo consolidará como líder demográfica incontestable – sin restarle escaños al occidente del país, tradicional granero de votos del MAS, aunque venido a menos. Cualquier otra maniobra podría generar un choque regional que acabara por perjudicar todo el proceso.
En el segundo caso, se entiende que el presidente ha propuesto una primaria abierta y encubierta entre los que crean que solo puede haber una reelección continua (es decir, él) o que puede haber una reelección discontinua (es decir, Evo Morales), pero no está claro si se podrá elegir sobre prohibir cualquier tipo de reelección y por eso la redacción de la pregunta será clave, y aún más, la consulta que necesariamente habrá que cursar al Tribunal Constitucional para que la fundamente y valide. Normalmente de esa consulta saldrá un criterio sobre si el actual texto permite o no la reelección discontinua, algo que la chapuza de la sentencia 1010 intentó clarificar de tapadillo con poco éxito. Al Gobierno Arce le puede servir solo con esa resolución para alcanzar el objetivo político de anular la candidatura de Evo Morales.
Algunas voces del evismo han aceptado el desafío en el caso de que Arce se retire si no gana el sí a la reelección continua; Morales ni siquiera hizo una valoración sobre la propuesta del referéndum en sus redes hasta el cierre de esta edición y Carlos Mesa curiosamente acusó a Arce de tratar “de escapar a la responsabilidad de asumir decisiones a la grave crisis económica que afecta a los ciudadanos, a los que pretende transferir sus obligaciones directas”. No parece por tanto que haya un acuerdo legislativo que viabilice rápidamente la propuesta. Que el tema encalle de nuevo en la Asamblea supone, irremediablemente, un papelón para el gobierno que necesita reposicionarse en el tablero.