El país enfrenta una pérdida de aproximadamente $us 600 millones anuales debido al contrabando de combustibles, según reveló el exministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, antes de ser cesado de sus funciones.
Molina, en un informe ministerial, explicó que Bolivia enfrentó desafíos relacionados con la subvención de combustibles durante más de dos décadas. Hace 15 años, el costo de esta subvención era de $us 200 millones, pero para el 2023, la cifra se disparó a más de $us 2.000 millones, con una proyección similar para este año. La mayor parte de las pérdidas se debe al contrabando hacia países vecinos como Chile, Perú, Paraguay y Brasil, donde los precios son significativamente más altos.
Con la salida de Molina, Alejandro Gallardo asumió el cargo de ministro de Hidrocarburos, señalando que una de sus principales prioridades será reducir la dependencia de los combustibles importados mediante la diversificación de fuentes de energía. Gallardo también enfatizó la necesidad de implementar acciones que frenen el contrabando.
A pesar de las críticas, el Gobierno defiende su política de mantener los precios de los combustibles entre los más bajos de la región, lo que, paradójicamente, incentivó el contrabando hacia países vecinos.
Según las estimaciones, casi el 30% del combustible subvencionado en Bolivia es desviado hacia el exterior, representando una pérdida significativa para la economía nacional. Molina había insistido en la urgencia de reformar las políticas de subvención de combustibles, advirtiendo que la situación se volvió “insostenible” no solo para el Estado, sino también para los consumidores.