La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía se incautaron este martes de 20.000 litros de diésel acopiado ilegalmente en una casa en la zona Kiswaras, en el Distrito 12 de la ciudad de El Alto. Hay seis aprehendidos y las autoridades no descartan que exista complicidad de estaciones de servicio.
El director de la ANH, Germán Jiménez, informó que el combustible incautado llenaría un camión cisterna; y alcanzaría para abastecer a 150 vehículos.
El comandante departamental de la Policía, coronel Édgar Cortez, indicó que realizaban el seguimiento a un camión que; al ver a los uniformados, emprendió fuga. Tras seguirlo, llegaron al inmueble donde descubrieron el combustible.
El vehículo es parte de los 2.500 motorizados que la ANH tiene identificados como sospechosos por carguíos repetitivos.
“Hemos encontrado 20 chavas en el camión y diferentes usos e instrumentos. Al interior del camión había 20.000 litros de diésel. Según la placa, se estableció que cargó más de 28.000 litros en los últimos dos meses y se hará seguimiento a las estaciones de servicio”, dijo Jiménez, en conferencia de prensa.
Diésel
Asimismo, señaló que hay seis detenidos y hallaron, además, bidones, motocicletas, placas y tarjetas B-SISA falsificadas.
“No descartamos que haya estaciones de servicio involucradas porque es una gran cantidad de combustible”, complementó Jiménez.
En el inmueble y a bordo del camión descubrieron en total 14 chavas llenas de combustible, sumando los 20.000 litros. Y encontraron “todo un sistema para acopiar seguramente para el contrabando o actividades ilícitas”.
“No puede ser que tanto combustible que necesita el Estado boliviano pueda ser utilizado para actividades ilícitas”, cuestionó, y consideró que el diésel incautado se desviaría a la minería ilegal.
La autoridad lamentó que mientras el Gobierno hace esfuerzos para traer combustibles, éstos sean acopiados y desviados, y mencionó que en Iquique, Chile, hallaron también un cisterna trasvasijando diésel subvencionado.
Los seis aprehendidos serán acusados por almacenamiento y comercialización ilegal que tiene una pena de entre tres y seis años de prisión.
El comandante departamental de la Policía alertó, además, las condiciones precarias donde tenían acopiado el combustible, en medio de conexiones eléctricas que podían provocar un accidente.